Han cambiado sus muñecos por un kalashnikov y se han convertido en los “soldaditos de plomo” con los que otros “juegan” a la guerra. Son los niños soldado, una más de las caras oscuras de la guerra y la mayor de las vergüenzas de la comunidad internacional. Más de 300.000 menores participan en conflictos armados en 86 países repartidos por los cinco continentes, según Amnistía Internacional.
Diversas organizaciones no gubernamentales como Entreculturas, Save de Children, Servicio Jesuita a Refugiados o Fundación el Compromiso han hecho un comunicado en el que piden que los Estados ratifiquen el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño. De este modo se unen a la campaña de las Naciones Unidas “Nadie menor de 18 años/ Zero under 18”, que exige un compromiso firme de los países para que ninguna persona menor de 18 años pueda ser reclutada en las Fuerzas Armadas o grupos armados no gubernamentales. Un total de 134 países lo han ratificado, pero 24 no lo han firmado y 35 no lo aceptan.
Miles de menores han sido desmilitarizados en Afganistán, Burundi o Costa de Marfil gracias a programas de reinserción y desmovilización, pero otros conflictos han estallado o se han intensificado y dado origen a nuevos reclutamientos para grupos gubernamentales o insurgentes. Irak, El Chad, Somalia o Sudán son solo algunos lugares en los que se captan niños para fines bélicos.
Los menores son los perfectos soldados. Da igual si son recultados por la fuerza o de forma voluntaria. Una vez preparados para la guerra, no temen a nada. No protestan, son piezas reemplazables con facilidad y fanáticos cuando se sienten integrados en el grupo. Pronto se convierten en chicos para todo: acarrean el agua, llevan mensajes o espían al bando contrario. También son los “héroes” accidentales de misiones suicidas. Sin ser conscientes de que peligra su vida, buscan minas antipersona, se convierten en señuelos, colocan explosivos y, si se precisa, disparan sus pistolas y armas automáticas.
“Te dan un arma y te obligan a matar a tu mejor amigo. Lo hacen para ver si pueden confiar en ti. Si no lo matas, le ordenan a él que te mate a ti. Tuve que hacerlo, porque de lo contrario me habrían matado a mí”, cuenta un adolescente de 17 años que con solo 7 se unió a un grupo paramilitar colombiano.
Aparte de las secuelas físicas que acarrea la participación en conflictos, los menores sufren graves consecuencias a nivel emocional. Unos son víctimas de abusos sexuales, otros son testigos mudos de asesinato y violaciones. Muchos participan en matanzas y la mayor parte padece importantes trastornos psicológicos.
La reitegración y reinserción de estos niños no es fácil, ya que muchos son drogados para anestesiar el terror y tienen miedo de no ser aceptados por su comunidad, que fue testigo de todas sus atrocidades.
Dora Akol, directora de World Vision, organización dedicada a asistir psicológicamente a quienes fueron niños soldados, explica: “Algunos de ellos ya no pueden controlar sus agresiones, incluso aunque ellos mismos sufran con aquello en lo que se han convertido. E incluso cuando las familias de estos niños desean volver a acogerlos, conviven con ellos con miedo”.
El drama de los niños soldados no es exclusivo de los países empobrecidos. Amnistía Internacional denuncia que, aunque en Europa y Estados Unidos los menores no participen en las guerras, se les adiestra en campos de reclutamiento para menores de edad. El Reino Unido permite que adolescentes se unan de modo voluntario a sus fuerzas armada a los 16 años y que entren en combate a los 17. En EE UU, el Pentágono recluta niños de hasta catorce años en las escuelas. Aunque su formación dista de la que se imparte en los países empobrecidos, la finalidad es la misma: prepararles para matar.
El reclutamiento de menores es un crimen de guerra y está en contra de la declaración de los Derechos del Niño. En cualquier situación, los menores deben ser los primeros que reciban protección y socorro, y debe apartárseles de toda forma de crueldad y explotación. Un mundo que envía a sus niños a la guerra se condena a su propia autodestrucción.
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EN ORIENTE (Venezuela)
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lunes, 7 de marzo de 2011
viernes, 18 de febrero de 2011
Su futuro está en la educación
El mundo árabe verá frustradas sus expectativas de cambio si los nuevos Gobiernos no renuevan sus sistemas educativos. De eso depende lograr que despeguen sus economías y conseguir una mayor justicia social.
El 68% de los árabes tiene menos de 30 años. Uno de cada tres no tiene trabajo, ni estudios, ni vivienda. Durante décadas, han aguardado con paciencia que se produjeran cambios que les permitiesen mejorar su calidad de vida. Hoy, la denominada “generación que espera” ha puesto fin a décadas de inmovilismo y ha conseguido lo que parecía imposible: derrocar de forma pacífica a los dictadores de Túnez y de Egipto y sembrar la semilla de la rebelión contra la tiranía y la injusticia social. Ahora queda en sus manos una tarea titánica: asegurar el ejercicio de la democracia y sanear la economía de sus países. Para ello es fundamental reconstruir los cimientos, renovar el sistema educativo y asegurar una enseñanza universal y de calidad orientada a las exigencias del mercado laboral.
Las cifras de alfabetización en el mundo árabe hoy son mejores que en décadas anteriores, pero todavía hay un abismo si se comparan con las de los países ricos. Uno de cada tres hombres y una de cada dos mujeres son analfabetos. El libro Generation in Waiting, publicado por Brookings Institution, explica que las antiguas generaciones de jóvenes se beneficiaron de la educación gratis, garantías laborales en el sector público, fuertes subsidios estatales y ayuda social. Pero el aumento demográfico ha mostrado la insuficiencia de las instituciones y afectado a aquellos que nacieron después de 1980.
Más de 100 millones de jóvenes de la región MENA (norte de África y Oriente Próximo), es decir, la mitad de la población activa, tienen entre 15 y 29 años. Según Tomás Jiménez Araya, economista y consultor del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, este “bono demográfico” en edades de máxima productividad puede incrementar las tasas de ahorro e impulsar un mayor crecimiento económico per cápita si cuenta con un entorno político e institucional adecuado. Sin embargo, la mayoría de los países árabes está perdiendo esta gran ocasión histórica. “El potencial transformador de esta plétora juvenil no se está aprovechando adecuadamente y, lo que es aún más grave, la juventud árabe es en gran parte una población socialmente excluida de ámbitos como la educación, el empleo y la vivienda, lo que dificulta y dilata su inserción productiva y social”, explica Jiménez Araya.
Los expertos consideran que para lograr el máximo potencial de la juventud es necesario transformar todo el sistema. Hay que replantear tanto las políticas de admisión en el sistema de educación, como las prácticas de contratación del sector público.
Nader Fergany, director del Almishkat Centre for Research de El Cairo, explica que, a pesar de los logros alcanzados, el sistema educativo sigue siendo ineficiente por varios factores. Las tasas de matriculaciones son muy bajas porque la educación primaria no se considera importante y existe un grado alto de absentismo en la secundaria -15 millones en las estadísticas de la Liga Árabe-. No se facilita el acceso a una educación permanente y se excluye a parte de la población (niñas, pobres y marginados) de la educación superior. La alfabetización femenina es todavía muy baja, aunque son ellas las que obtienen niveles educativos más altos. Según el informe Arab Human Development Report, a principios del siglo XXI había al menos 70 millones de árabes analfabetos, la mayoría de los cuales eran mujeres.
En el fondo del problema están los convencionalismos que impiden acceder a la mujer a puestos de trabajo y la falta de concienciación en la sociedad de la importancia de la educación. Muchas familias no entienden que la formación puede cambiar la vida de sus hijos y no les animan a asistir a la escuela.
Sin embargo, la historia ha demostrado que invertir educación asegura el bienestar de la sociedad. El milagro económico de Japón y de Alemania se debió a que, durante más de cuarenta años, no se invirtieron en armamento y dedicaron gran parte de los recursos a investigación, tecnología, desarrollo, educación, y sanidad.
Los jóvenes árabes no pueden ni quieren esperar más. Los nuevos gobiernos deberán invertir más y mejor en educación, promover la ciencia y la investigación, fomentar la globalización tecnológica y abrir sus mercados al exterior. Las futuras generaciones dependen de ello.
Publicado en:
ALAINET
VANGUARDIA (MÉXICO)
PRENSA LATINA (CANADÁ)
ANALITICA.COM
EL MERCURIO DIGITAL
EL LIBREPENSADOR
MERCURIOMANTA
VANGUARDIA (MÉXICO)
DIARIO DOMINICANO
BPPCOLOR
El 68% de los árabes tiene menos de 30 años. Uno de cada tres no tiene trabajo, ni estudios, ni vivienda. Durante décadas, han aguardado con paciencia que se produjeran cambios que les permitiesen mejorar su calidad de vida. Hoy, la denominada “generación que espera” ha puesto fin a décadas de inmovilismo y ha conseguido lo que parecía imposible: derrocar de forma pacífica a los dictadores de Túnez y de Egipto y sembrar la semilla de la rebelión contra la tiranía y la injusticia social. Ahora queda en sus manos una tarea titánica: asegurar el ejercicio de la democracia y sanear la economía de sus países. Para ello es fundamental reconstruir los cimientos, renovar el sistema educativo y asegurar una enseñanza universal y de calidad orientada a las exigencias del mercado laboral.
Las cifras de alfabetización en el mundo árabe hoy son mejores que en décadas anteriores, pero todavía hay un abismo si se comparan con las de los países ricos. Uno de cada tres hombres y una de cada dos mujeres son analfabetos. El libro Generation in Waiting, publicado por Brookings Institution, explica que las antiguas generaciones de jóvenes se beneficiaron de la educación gratis, garantías laborales en el sector público, fuertes subsidios estatales y ayuda social. Pero el aumento demográfico ha mostrado la insuficiencia de las instituciones y afectado a aquellos que nacieron después de 1980.
Más de 100 millones de jóvenes de la región MENA (norte de África y Oriente Próximo), es decir, la mitad de la población activa, tienen entre 15 y 29 años. Según Tomás Jiménez Araya, economista y consultor del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, este “bono demográfico” en edades de máxima productividad puede incrementar las tasas de ahorro e impulsar un mayor crecimiento económico per cápita si cuenta con un entorno político e institucional adecuado. Sin embargo, la mayoría de los países árabes está perdiendo esta gran ocasión histórica. “El potencial transformador de esta plétora juvenil no se está aprovechando adecuadamente y, lo que es aún más grave, la juventud árabe es en gran parte una población socialmente excluida de ámbitos como la educación, el empleo y la vivienda, lo que dificulta y dilata su inserción productiva y social”, explica Jiménez Araya.
Los expertos consideran que para lograr el máximo potencial de la juventud es necesario transformar todo el sistema. Hay que replantear tanto las políticas de admisión en el sistema de educación, como las prácticas de contratación del sector público.
Nader Fergany, director del Almishkat Centre for Research de El Cairo, explica que, a pesar de los logros alcanzados, el sistema educativo sigue siendo ineficiente por varios factores. Las tasas de matriculaciones son muy bajas porque la educación primaria no se considera importante y existe un grado alto de absentismo en la secundaria -15 millones en las estadísticas de la Liga Árabe-. No se facilita el acceso a una educación permanente y se excluye a parte de la población (niñas, pobres y marginados) de la educación superior. La alfabetización femenina es todavía muy baja, aunque son ellas las que obtienen niveles educativos más altos. Según el informe Arab Human Development Report, a principios del siglo XXI había al menos 70 millones de árabes analfabetos, la mayoría de los cuales eran mujeres.
En el fondo del problema están los convencionalismos que impiden acceder a la mujer a puestos de trabajo y la falta de concienciación en la sociedad de la importancia de la educación. Muchas familias no entienden que la formación puede cambiar la vida de sus hijos y no les animan a asistir a la escuela.
Sin embargo, la historia ha demostrado que invertir educación asegura el bienestar de la sociedad. El milagro económico de Japón y de Alemania se debió a que, durante más de cuarenta años, no se invirtieron en armamento y dedicaron gran parte de los recursos a investigación, tecnología, desarrollo, educación, y sanidad.
Los jóvenes árabes no pueden ni quieren esperar más. Los nuevos gobiernos deberán invertir más y mejor en educación, promover la ciencia y la investigación, fomentar la globalización tecnológica y abrir sus mercados al exterior. Las futuras generaciones dependen de ello.
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VANGUARDIA (MÉXICO)
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miércoles, 9 de febrero de 2011
Los trapos sucios de Occidente
La venta de armas, el comercio de sustancias tóxicas o la explotación de los recursos de tierras ajenas son algunos de los métodos que emplean los países “desarrollados” para enriquecerse. No importan los medios, sino el fin. Occidente, cauto y silencioso con sus trapos sucios, tira por tierra sus propias reivindicaciones en pro de los derechos humanos, la justicia social o la preservación del medio ambiente.
El reciente informe de Amnistía Internacional e Intermón Oxfam, "Armas bajo control", pone en entredicho el interés del gobierno español por lograr la paz mundial. El comercio con material armamentístico no se ha visto menguado con la crisis y desde 2000 experimenta un crecimiento sostenido. Durante el último año se han duplicado las ventas de armas, que en muchos casos se dirigen a países que violan de forma sistemática los derechos humanos. Tal es el caso de Marruecos, que invirtió cuatro millones de euros en la compra de material armamentístico; o de Turquía, que encabezó el gasto, con casi cuarenta. En 2011, España espera cerrar la venta de 200 carros de combate Leopord con Arabia Saudí. Un negocio redondo que reportará beneficios cercanos a los 3.000 millones de euros. El gobierno viola así su propia legislación, que limita la venta de armas a países o territorios donde existen conflictos.
EE UU, primer vendedor de armas en el mundo, tampoco oculta esta doble moral. El gobierno de Obama, premio Nobel de la Paz en 2009, no ha cambiado ni un ápice la política de su criticado predecesor, George Bush. Mientras alecciona al mundo con teorías sobre el valor de la democracia y la defensa de los derechos humanos, el gobierno estadounidense vende armas a Oriente Medio y hace malabarismos para mantener a raya a Irán y que su eterno aliado, Israel, se asegure con el terror su dominio en la zona. Países como Francia o Reino Unido, discutibles protectores de la justicia mundial, miran para otro lado mientras se llenan los bolsillos con el dinero procedente de la venta de armamento.
Otros atentados contra la humanidad no son tan sonados. Hace unas semanas la publicación The Lancet dio a conocer que Canadá comercializa amianto en Asia. Este mineral, el asbesto, fue considerado milagroso a mediados del siglo XX por sus propiedades aislantes, mecánicas, químicas y de resistencia al calor y al fuego. Sin embargo, el amianto tiene una cara oscura: la exposición a productos que contienen este mineral provoca, entre otras patologías, cáncer con una elevada mortalidad. Según la OMS, es la primera causa de muerte laboral en el mundo. Desde la década de los 90, los países ricos han prohibido de forma progresiva su uso. Canadá, que fue uno de los primeros en tomar esta medida en su territorio, exporta alrededor de 150.000 toneladas al año a India, Indonesia o Filipinas, donde no existe regulación al respecto.
Occidente, se indigna cuando un petrolero vierte fuel-oil en sus costas, cuando un huracán asola sus ciudades o cuando muere un blanco por una causa negra. Sin embargo, calla cuando los dramas y las pérdidas se producen lejos de sus propias fronteras. No le urge llegar a un acuerdo firme para luchar contra el calentamiento global ocasionado por su desmesurado consumo. Al contrario, compra CO2, siembra trigo en campos ajenos para producir combustible, esquilma los caladeros de otros pueblos y emplea como vertederos a los países empobrecidos. Así lo revela un reportaje de investigación de Televisión Española. Las televisiones, móviles o portátiles que ya no nos sirven y que en teoría debemos llevar a un punto limpio para su reciclaje, terminan en África como productos de segunda mano. En el 80% de los casos son inservibles, pero con esta trampa las empresas se saltan el tratado internacional que prohíbe enviar residuos electrónicos a países empobrecidos.
En definitiva, todo vale para engrandecer la riqueza de los opulentos, aunque para ello haya que explotar a otros. Eso sí, que no se entere el pueblo. Porque Occidente es un terrorista con guante blanco, que esconde sus bajezas bajo su máscara de humanidad.
El reciente informe de Amnistía Internacional e Intermón Oxfam, "Armas bajo control", pone en entredicho el interés del gobierno español por lograr la paz mundial. El comercio con material armamentístico no se ha visto menguado con la crisis y desde 2000 experimenta un crecimiento sostenido. Durante el último año se han duplicado las ventas de armas, que en muchos casos se dirigen a países que violan de forma sistemática los derechos humanos. Tal es el caso de Marruecos, que invirtió cuatro millones de euros en la compra de material armamentístico; o de Turquía, que encabezó el gasto, con casi cuarenta. En 2011, España espera cerrar la venta de 200 carros de combate Leopord con Arabia Saudí. Un negocio redondo que reportará beneficios cercanos a los 3.000 millones de euros. El gobierno viola así su propia legislación, que limita la venta de armas a países o territorios donde existen conflictos.
EE UU, primer vendedor de armas en el mundo, tampoco oculta esta doble moral. El gobierno de Obama, premio Nobel de la Paz en 2009, no ha cambiado ni un ápice la política de su criticado predecesor, George Bush. Mientras alecciona al mundo con teorías sobre el valor de la democracia y la defensa de los derechos humanos, el gobierno estadounidense vende armas a Oriente Medio y hace malabarismos para mantener a raya a Irán y que su eterno aliado, Israel, se asegure con el terror su dominio en la zona. Países como Francia o Reino Unido, discutibles protectores de la justicia mundial, miran para otro lado mientras se llenan los bolsillos con el dinero procedente de la venta de armamento.
Otros atentados contra la humanidad no son tan sonados. Hace unas semanas la publicación The Lancet dio a conocer que Canadá comercializa amianto en Asia. Este mineral, el asbesto, fue considerado milagroso a mediados del siglo XX por sus propiedades aislantes, mecánicas, químicas y de resistencia al calor y al fuego. Sin embargo, el amianto tiene una cara oscura: la exposición a productos que contienen este mineral provoca, entre otras patologías, cáncer con una elevada mortalidad. Según la OMS, es la primera causa de muerte laboral en el mundo. Desde la década de los 90, los países ricos han prohibido de forma progresiva su uso. Canadá, que fue uno de los primeros en tomar esta medida en su territorio, exporta alrededor de 150.000 toneladas al año a India, Indonesia o Filipinas, donde no existe regulación al respecto.
Occidente, se indigna cuando un petrolero vierte fuel-oil en sus costas, cuando un huracán asola sus ciudades o cuando muere un blanco por una causa negra. Sin embargo, calla cuando los dramas y las pérdidas se producen lejos de sus propias fronteras. No le urge llegar a un acuerdo firme para luchar contra el calentamiento global ocasionado por su desmesurado consumo. Al contrario, compra CO2, siembra trigo en campos ajenos para producir combustible, esquilma los caladeros de otros pueblos y emplea como vertederos a los países empobrecidos. Así lo revela un reportaje de investigación de Televisión Española. Las televisiones, móviles o portátiles que ya no nos sirven y que en teoría debemos llevar a un punto limpio para su reciclaje, terminan en África como productos de segunda mano. En el 80% de los casos son inservibles, pero con esta trampa las empresas se saltan el tratado internacional que prohíbe enviar residuos electrónicos a países empobrecidos.
En definitiva, todo vale para engrandecer la riqueza de los opulentos, aunque para ello haya que explotar a otros. Eso sí, que no se entere el pueblo. Porque Occidente es un terrorista con guante blanco, que esconde sus bajezas bajo su máscara de humanidad.
miércoles, 8 de diciembre de 2010
Im-paciente agresor
Insultos, intimidaciones, coacciones e, incluso, violencia física. Este es el premio que algunos ciudadanos otorgan a aquellos que velan por su salud. Una encuesta realizada por la empresa Pfizer informa sobre el aumento de agresiones contra el personal sanitario en España. Un problema que rebasa fronteras y evidencia los cambios producidos en la relación médico paciente.
La medicina se ha convertido en una profesión de riesgo. La Organización Mundial de la Salud informa de que el 25% de la violencia laboral se produce en el sector sanitario. Algo lógico, dadas las especiales condiciones emocionales de los enfermos, la estrecha relación entre médico y paciente y el complejo entramado burocrático de los centros de salud. Las cifras hablan por si solas. En España, siete de cada diez médicos han sido víctimas de amenazas, un 3% de las cuales llegaron a la violencia física. Y las cifras podrían ser mayores, ya que no todas las agresiones se denuncian.
Las largas esperas en los hospitales, que el facultativo no recete o realice las pruebas que el paciente espera, o la negativa a conceder la baja laboral, son las principales causas de las agresiones.
De la devoción de antaño por la bata blanca se ha pasado a su desprecio. Cuatro de cada diez médicos consideran que los pacientes españoles emplean el sistema sanitario de forma abusiva. Ya no acuden a la consulta con la confianza en los conocimientos y el criterio científico del doctor. Al contrario. Ellos mismos diagnostican su supuesta dolencia tras leer un artículo en una revista o visitar un foro en internet y exigen unas pruebas y un tratamiento concretos. Pagan sus impuestos y merecen que todos los recursos estén a su alcance, aunque solo padezcan una gripe estacional.
“Los pacientes han cambiado”, explica José Carlos Fuertes, autor de la encuesta Pfizer. “Del paciente-paciente hemos pasado al usuario-cliente que se informa, exige, presiona. Y ahí se ha cometido una gran equivocación: el transmitir a la población la falsa idea de que existe un derecho a la salud. El derecho a la salud no lo tiene nadie, es imposible tenerlo, no lo tiene ni el médico. Lo único que se puede ofrecer es el derecho a la asistencia sanitaria, que es algo diferente“.
El aumento de conflictos en el ámbito sanitario no solo afecta la seguridad de los trabajadores, sino también de los usuarios. Leonor Cantera, psicóloga de la Universidad Autónoma de Barcelona, afirma que es el caldo de cultivo para generar tensiones entre los mismos sanitarios. “Esta tensión se convierte en catalizador de consultas agresivas puntuales e involuntarias entre los propios sanitarios, por malentendidos, porque tienen intereses, posiciones o deseos incompatibles, que se trasladan a los receptores del servicio, potenciando su agresividad particular”, explica.
La Organización Internacional del Trabajo define como violencia laboral toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable, mediante el cual una persona es amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma”. Las agresiones en el trabajo tienen consecuencias sobre la dignidad y calidad de la vida de los afectados. Suponen un ataque a los derechos humanos como el honor, la integridad moral o la intimidad, entre otros.
Los pacientes olvidan con frecuencia que el derecho a la protección de la salud no está destinado de forma exclusiva a ellos, sino que incluye también a los propios sanitarios. La Constitución española recoge el deber de los poderes públicos de velar por la seguridad y las condiciones de higiene en el trabajo. Para ello hay que abordar este problema de una forma integral, ya que no se trata de un problema puntual, sino estructural, que tiene su origen en factores organizativos, sociales, económicos y culturales. Es necesario promover la prevención de las conductas violentas. Agilizar los trámites burocráticos o disminuir las largas esperas de los pacientes puede ser un buen comienzo. Pero, sobre todo, es necesario llevar a cabo una campaña educativa que informe a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones como usuarios del sistema sanitario, que prepare a los trabajadores de los centros de salud para evitar situaciones violentas y que fomente la denuncia de las agresiones.
La medicina se ha convertido en una profesión de riesgo. La Organización Mundial de la Salud informa de que el 25% de la violencia laboral se produce en el sector sanitario. Algo lógico, dadas las especiales condiciones emocionales de los enfermos, la estrecha relación entre médico y paciente y el complejo entramado burocrático de los centros de salud. Las cifras hablan por si solas. En España, siete de cada diez médicos han sido víctimas de amenazas, un 3% de las cuales llegaron a la violencia física. Y las cifras podrían ser mayores, ya que no todas las agresiones se denuncian.
Las largas esperas en los hospitales, que el facultativo no recete o realice las pruebas que el paciente espera, o la negativa a conceder la baja laboral, son las principales causas de las agresiones.
De la devoción de antaño por la bata blanca se ha pasado a su desprecio. Cuatro de cada diez médicos consideran que los pacientes españoles emplean el sistema sanitario de forma abusiva. Ya no acuden a la consulta con la confianza en los conocimientos y el criterio científico del doctor. Al contrario. Ellos mismos diagnostican su supuesta dolencia tras leer un artículo en una revista o visitar un foro en internet y exigen unas pruebas y un tratamiento concretos. Pagan sus impuestos y merecen que todos los recursos estén a su alcance, aunque solo padezcan una gripe estacional.
“Los pacientes han cambiado”, explica José Carlos Fuertes, autor de la encuesta Pfizer. “Del paciente-paciente hemos pasado al usuario-cliente que se informa, exige, presiona. Y ahí se ha cometido una gran equivocación: el transmitir a la población la falsa idea de que existe un derecho a la salud. El derecho a la salud no lo tiene nadie, es imposible tenerlo, no lo tiene ni el médico. Lo único que se puede ofrecer es el derecho a la asistencia sanitaria, que es algo diferente“.
El aumento de conflictos en el ámbito sanitario no solo afecta la seguridad de los trabajadores, sino también de los usuarios. Leonor Cantera, psicóloga de la Universidad Autónoma de Barcelona, afirma que es el caldo de cultivo para generar tensiones entre los mismos sanitarios. “Esta tensión se convierte en catalizador de consultas agresivas puntuales e involuntarias entre los propios sanitarios, por malentendidos, porque tienen intereses, posiciones o deseos incompatibles, que se trasladan a los receptores del servicio, potenciando su agresividad particular”, explica.
La Organización Internacional del Trabajo define como violencia laboral toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable, mediante el cual una persona es amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma”. Las agresiones en el trabajo tienen consecuencias sobre la dignidad y calidad de la vida de los afectados. Suponen un ataque a los derechos humanos como el honor, la integridad moral o la intimidad, entre otros.
Los pacientes olvidan con frecuencia que el derecho a la protección de la salud no está destinado de forma exclusiva a ellos, sino que incluye también a los propios sanitarios. La Constitución española recoge el deber de los poderes públicos de velar por la seguridad y las condiciones de higiene en el trabajo. Para ello hay que abordar este problema de una forma integral, ya que no se trata de un problema puntual, sino estructural, que tiene su origen en factores organizativos, sociales, económicos y culturales. Es necesario promover la prevención de las conductas violentas. Agilizar los trámites burocráticos o disminuir las largas esperas de los pacientes puede ser un buen comienzo. Pero, sobre todo, es necesario llevar a cabo una campaña educativa que informe a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones como usuarios del sistema sanitario, que prepare a los trabajadores de los centros de salud para evitar situaciones violentas y que fomente la denuncia de las agresiones.
martes, 7 de diciembre de 2010
La nueva tercera edad
Cada vez son más las personas que a punto de alcanzar los sesenta empiezan a estudiar una carrera, a aprender a pintar o a hablar un nuevo idioma. Son la nueva tercera edad, una generación que no tuvo ocasión de seguir su vocación y que ahora dedica su tiempo a desarrollar sus aptitudes y hacer realidad lo que un día soñaron.
Hace solo dos décadas primaba el tópico de que cuando una persona acababa su etapa productiva dejaba de ser útil para la sociedad. Sin embargo, los mayores de hoy son conscientes de que jubilarse del trabajo no es despedirse de la vida. En vez de quedarse aparcados en un rincón, se preocupan por mantenerse en forma, quieren aprender cosas nuevas y participan de forma activa en su entorno más cercano.
El sociólogo Santiago Cambero explica este fenómeno: “Está apareciendo un nuevo perfil de persona mayor totalmente integrada en la sociedad actual que sigue contribuyendo en favor del bienestar general”. Cambero destaca el papel de los abuelos canguro. “Si se pudiera cuantificar económicamente lo que el Estado del Bienestar y los poderes y administraciones públicas se están ahorrando en cuanto a los cuidados que los abuelos y abuelas están ofreciendo a sus nietos, serían millones de euros”.
La drástica modificación de la estructura demográfica en Occidente es la responsable de estos cambios. Europa envejece a gran velocidad y, dentro de ella, España es uno de los países que mejor ejemplifican esta transformación. Si a principios del siglo XX la esperanza de vida no llegaba a los 35, hoy supera los 80. Frente a ello, el número de nacimientos ha caído de forma considerable.
Los responsables de esta situación son los avances médicos y farmacológicos y la mejor calidad de vida experimentada por la población. Dos aspectos positivos que, en vez de interpretarse como conquistas han dado pie a lanzar pronósticos agoreros y a hablar de la decadencia de Occidente.
Sin embargo, algunos expertos comienzan a ver esta nueva realidad como la oportunidad de equilibrar la estructura social e infundir nuevos aires al sistema productivo occidental si se encauza de forma adecuada.
El reciente artículo de Julio Pérez Díaz, sociólogo y demógrafo del CSIC apunta en esta dirección. “El envejecimiento demográfico guarda una correlación casi perfecta con los niveles de riqueza y bienestar internacionales, y no con la pobreza”, afirma. Esto se debe a la mayor eficacia del sistema. Por primera vez en la historia es posible disminuir la fecundidad, ya que los avances sanitarios permiten que los hijos sobrevivan hasta edades fértiles. Las mujeres pueden desarrollar una vida profesional, al margen de la familiar, ya que el cuidado de los hijos ya no es su ocupación principal. Además, se ha ampliado de forma considerable el tiempo que las personas pueden ser productivas. Sin embargo, el principal problema del envejecimiento de la población es que el número de personas en edad laboral se reduce. En consecuencia, el número de pensionistas aumenta y eso supone un mayor gasto social.
Para que el envejecimiento de la población tenga una repercusión positiva a nivel económico y social es necesario que se produzcan algunos cambios en el sistema laboral, encaminados a beneficiarse por más tiempo de los talentos de los más mayores. Así lo manifiesta el último informe de la European Science Foundation, que apunta a la necesidad de estudiar las modificaciones que deben introducirse en el sistema sanitario, las pensiones y la edad de jubilación.
Según los expertos, la edad biológica ya no es significativa a la hora de clasificar a los mayores. Hay gente que disfruta de sus plenas cualidades físicas y mentales entre los 65 y los 85 años y que puede ser un eslabón importante en la sociedad. Nadie ha tenido que explicarle esto a los mayores. Para ellos envejecer no es sinónimo de caducar. Es una etapa más de la vida para la que nadie está preparado pero que hay que asumir e intentar encauzar de forma positiva.
Mantenerse activos asegura que continúen integrados en la sociedad, que tengan una vida más saludable y satisfactoria a nivel personal. Como afirmó la doctora Marie Beynon Ray: “Nadie envejece por vivir, sino por perder interés en vivir”.
Opinión y Noticias.com (Venezuela)
Hace solo dos décadas primaba el tópico de que cuando una persona acababa su etapa productiva dejaba de ser útil para la sociedad. Sin embargo, los mayores de hoy son conscientes de que jubilarse del trabajo no es despedirse de la vida. En vez de quedarse aparcados en un rincón, se preocupan por mantenerse en forma, quieren aprender cosas nuevas y participan de forma activa en su entorno más cercano.
El sociólogo Santiago Cambero explica este fenómeno: “Está apareciendo un nuevo perfil de persona mayor totalmente integrada en la sociedad actual que sigue contribuyendo en favor del bienestar general”. Cambero destaca el papel de los abuelos canguro. “Si se pudiera cuantificar económicamente lo que el Estado del Bienestar y los poderes y administraciones públicas se están ahorrando en cuanto a los cuidados que los abuelos y abuelas están ofreciendo a sus nietos, serían millones de euros”.
La drástica modificación de la estructura demográfica en Occidente es la responsable de estos cambios. Europa envejece a gran velocidad y, dentro de ella, España es uno de los países que mejor ejemplifican esta transformación. Si a principios del siglo XX la esperanza de vida no llegaba a los 35, hoy supera los 80. Frente a ello, el número de nacimientos ha caído de forma considerable.
Los responsables de esta situación son los avances médicos y farmacológicos y la mejor calidad de vida experimentada por la población. Dos aspectos positivos que, en vez de interpretarse como conquistas han dado pie a lanzar pronósticos agoreros y a hablar de la decadencia de Occidente.
Sin embargo, algunos expertos comienzan a ver esta nueva realidad como la oportunidad de equilibrar la estructura social e infundir nuevos aires al sistema productivo occidental si se encauza de forma adecuada.
El reciente artículo de Julio Pérez Díaz, sociólogo y demógrafo del CSIC apunta en esta dirección. “El envejecimiento demográfico guarda una correlación casi perfecta con los niveles de riqueza y bienestar internacionales, y no con la pobreza”, afirma. Esto se debe a la mayor eficacia del sistema. Por primera vez en la historia es posible disminuir la fecundidad, ya que los avances sanitarios permiten que los hijos sobrevivan hasta edades fértiles. Las mujeres pueden desarrollar una vida profesional, al margen de la familiar, ya que el cuidado de los hijos ya no es su ocupación principal. Además, se ha ampliado de forma considerable el tiempo que las personas pueden ser productivas. Sin embargo, el principal problema del envejecimiento de la población es que el número de personas en edad laboral se reduce. En consecuencia, el número de pensionistas aumenta y eso supone un mayor gasto social.
Para que el envejecimiento de la población tenga una repercusión positiva a nivel económico y social es necesario que se produzcan algunos cambios en el sistema laboral, encaminados a beneficiarse por más tiempo de los talentos de los más mayores. Así lo manifiesta el último informe de la European Science Foundation, que apunta a la necesidad de estudiar las modificaciones que deben introducirse en el sistema sanitario, las pensiones y la edad de jubilación.
Según los expertos, la edad biológica ya no es significativa a la hora de clasificar a los mayores. Hay gente que disfruta de sus plenas cualidades físicas y mentales entre los 65 y los 85 años y que puede ser un eslabón importante en la sociedad. Nadie ha tenido que explicarle esto a los mayores. Para ellos envejecer no es sinónimo de caducar. Es una etapa más de la vida para la que nadie está preparado pero que hay que asumir e intentar encauzar de forma positiva.
Mantenerse activos asegura que continúen integrados en la sociedad, que tengan una vida más saludable y satisfactoria a nivel personal. Como afirmó la doctora Marie Beynon Ray: “Nadie envejece por vivir, sino por perder interés en vivir”.
Opinión y Noticias.com (Venezuela)
sábado, 20 de noviembre de 2010
Se buscan padres
Los abusos dentro de los orfanatos han llevado al Senado español a proponer su cierre progresivo. Una medida que no beneficiará a los menores si no va acompañada de un control cercano de las familias encargadas de su cuidado antes y después de su acogida.
Los orfanatos parecen tener los días contados en España. El Senado ha propuesto el cierre progresivo de los centros residenciales de menores, que serán sustituidos por familias de acogida o de adopción. Esta medida, aplicada en otros países como el Reino Unido, sentará las bases de la futura Ley de Adopción Nacional y Acogimiento Familiar. El objetivo principal es beneficiar a los menores abandonados y desamparados al impedir que vivan sus primeros años de vida en centros estatales.
Se calcula que hay entre 35.000 y 40.000 menores tutelados por la Administración. De ellos, un 25% no ha cumplido los seis años. Estas cifras sitúan a España como el país occidental con mayor número de menores internados en orfanatos. Un hecho dramático según los expertos, que consideran que estos centros no proporcionan a los pequeños la estabilidad afectiva necesaria en sus primeros años.
El menor necesita amor y comprensión para el desarrollo pleno de su personalidad, como lo recoge la Declaración de los Derechos del Niño. Los padres tienen el derecho de su tutela pero también la responsabilidad de ofrecerles un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. Cuando esto falla, corresponde a la sociedad o las autoridades públicas hacerse cargo de los niños. Sin embargo, el actual sistema no les beneficia.
El menor es siempre el mayor perjudicado en las batallas de los padres por su custodia y en los largos procesos para decidir cuál es su situación; si debe ser acogido o adoptado, y dentro de qué marco: en su familia extensa o en una familia ajena, de forma urgente o por motivos terapéuticos.
Desde hace años, expertos y organizaciones no gubernamentales demandan cambios en la administración para regular estas instituciones y agilizar los trámites para que los niños pasen el menor tiempo posible en ellas. Ha habido que esperar a la presente época de vacas flacas para que el Estado haya entrado a valorar la situación de los centros de menores y tomado la determinación de desmantelarlos. Uno de los motivos de una decisión tan radical es el económico. La plaza en estas instituciones cuesta entre 3.500 y 6.000 euros, frente a los 400 y 1.000 de una familia de acogida.
El reciente estudio de Amnistía Internacional y, sobre todo, el informe del Defensor del Pueblo del pasado año, han puesto en evidencia el mal funcionamiento de algunos de estos centros y destapado los abusos cometidos en muchos de ellos: castigos físicos, maltrato psicológico y medicación forzada, entre otros. El Defensor del Pueblo ponía el dedo en la llaga. Achacaba la existencia de estos atentados contra los derechos humanos a la insuficiente regulación autonómica en la materia, que hace que las entidades gestoras dispongan de libertad para imponer un régimen disciplinario abusivo. Pedía una mayor coordinación de las autonomías, seguimientos e inspecciones por parte de los organismos responsables.
El Senado plantea que las familias de acogida sean la alternativa a estos centros y propone instaurar en España la figura del cuidador profesional: parejas de médicos, psicólogos o profesionales vinculados al cuidado y formación de niños, o aquellas personas que demuestren que están capacitadas. Estas familias cobrarán por cada menor en acogida y podrán vivir de esta actividad. Sin embargo, el informe de la comisión trata de modo tangencial lo que debería ser uno de los puntos claves de la reforma: la importancia de realizar controles durante el proceso de selección de las familias y una vez que se ha producido el acogimiento para evitar fraudes.
Los centros de menores no podrán desaparecer por el momento. Son necesarios en los casos más complejos: los adolescentes, las agrupaciones de más de tres hermanos, los enfermos o los que tienen graves alteraciones de conducta. Más allá del ahorro económico que suponen las medidas propuestas por el Senado, de poco va a servir cambiar el sistema si no se vela por la seguridad de los menores y el buen hacer de sus cuidadores. No se puede olvidar que lo principal es lograr la salud, la integridad emocional y psicológica de los niños.
Los orfanatos parecen tener los días contados en España. El Senado ha propuesto el cierre progresivo de los centros residenciales de menores, que serán sustituidos por familias de acogida o de adopción. Esta medida, aplicada en otros países como el Reino Unido, sentará las bases de la futura Ley de Adopción Nacional y Acogimiento Familiar. El objetivo principal es beneficiar a los menores abandonados y desamparados al impedir que vivan sus primeros años de vida en centros estatales.
Se calcula que hay entre 35.000 y 40.000 menores tutelados por la Administración. De ellos, un 25% no ha cumplido los seis años. Estas cifras sitúan a España como el país occidental con mayor número de menores internados en orfanatos. Un hecho dramático según los expertos, que consideran que estos centros no proporcionan a los pequeños la estabilidad afectiva necesaria en sus primeros años.
El menor necesita amor y comprensión para el desarrollo pleno de su personalidad, como lo recoge la Declaración de los Derechos del Niño. Los padres tienen el derecho de su tutela pero también la responsabilidad de ofrecerles un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. Cuando esto falla, corresponde a la sociedad o las autoridades públicas hacerse cargo de los niños. Sin embargo, el actual sistema no les beneficia.
El menor es siempre el mayor perjudicado en las batallas de los padres por su custodia y en los largos procesos para decidir cuál es su situación; si debe ser acogido o adoptado, y dentro de qué marco: en su familia extensa o en una familia ajena, de forma urgente o por motivos terapéuticos.
Desde hace años, expertos y organizaciones no gubernamentales demandan cambios en la administración para regular estas instituciones y agilizar los trámites para que los niños pasen el menor tiempo posible en ellas. Ha habido que esperar a la presente época de vacas flacas para que el Estado haya entrado a valorar la situación de los centros de menores y tomado la determinación de desmantelarlos. Uno de los motivos de una decisión tan radical es el económico. La plaza en estas instituciones cuesta entre 3.500 y 6.000 euros, frente a los 400 y 1.000 de una familia de acogida.
El reciente estudio de Amnistía Internacional y, sobre todo, el informe del Defensor del Pueblo del pasado año, han puesto en evidencia el mal funcionamiento de algunos de estos centros y destapado los abusos cometidos en muchos de ellos: castigos físicos, maltrato psicológico y medicación forzada, entre otros. El Defensor del Pueblo ponía el dedo en la llaga. Achacaba la existencia de estos atentados contra los derechos humanos a la insuficiente regulación autonómica en la materia, que hace que las entidades gestoras dispongan de libertad para imponer un régimen disciplinario abusivo. Pedía una mayor coordinación de las autonomías, seguimientos e inspecciones por parte de los organismos responsables.
El Senado plantea que las familias de acogida sean la alternativa a estos centros y propone instaurar en España la figura del cuidador profesional: parejas de médicos, psicólogos o profesionales vinculados al cuidado y formación de niños, o aquellas personas que demuestren que están capacitadas. Estas familias cobrarán por cada menor en acogida y podrán vivir de esta actividad. Sin embargo, el informe de la comisión trata de modo tangencial lo que debería ser uno de los puntos claves de la reforma: la importancia de realizar controles durante el proceso de selección de las familias y una vez que se ha producido el acogimiento para evitar fraudes.
Los centros de menores no podrán desaparecer por el momento. Son necesarios en los casos más complejos: los adolescentes, las agrupaciones de más de tres hermanos, los enfermos o los que tienen graves alteraciones de conducta. Más allá del ahorro económico que suponen las medidas propuestas por el Senado, de poco va a servir cambiar el sistema si no se vela por la seguridad de los menores y el buen hacer de sus cuidadores. No se puede olvidar que lo principal es lograr la salud, la integridad emocional y psicológica de los niños.
Publicado en:
domingo, 10 de octubre de 2010
Sobrecualificados y parados
Estudiar un máster, aprender un nuevo idioma o iniciar un doctorado es la opción de muchos universitarios españoles ante la dificultad de lograr su primer empleo una vez finalizados sus estudios. Algo que hace unos años les habría servido para obtener un sueldo o un puesto de trabajo mejor, pero que hoy es, sobre todo, el modo de evitar un vacío en el curriculum.
De ser una generación mimada y afortunada, con una preparación muy superior a la de sus padres y lista para triunfar, los jóvenes españoles han pasado a convertirse en un colectivo desencantado y frustrado. Sin posibilidades de lograr el empleo para el que se han formado y con el pronóstico de una calidad de vida inferior a la de sus progenitores.
Son el sector de población que más ha sufrido el incremento del paro. Según datos recientes de la agencia Eurostat, la tasa de menores de 29 años sin empleo alcanza casi el 43% y duplica la media de la Unión Europea, con casi un 21%. Los más afectados han sido los menores de 25 años, de los que ya hay cerca de medio millón sin trabajo.
Desde que estalló la crisis, con la caída de Lehman Brothers, la situación laboral de los jóvenes españoles no ha hecho sino empeorar. Los recién licenciados en arquitectura, que hace un par de años se frotaban las manos ante contratos suculentos, hoy han pasado a engrosar las listas del paro. Pero no están solos, ya que ninguna profesión se libra: filólogos, informáticos, químicos, matemáticos, historiadores, etcétera, les hacen compañía.
Ante la perspectiva nada apetecible de regresar a la casa de sus padres, algunos (los menos) han decidido arriesgarse y convertirse en empresarios. Lideran con incertidumbre proyectos emprendedores que el tiempo dirá si llegan a buen término.
Otros han optado por trabajar en cualquier cosa. Actividades para las que no se precisaba apenas cualificación tienen como firmes candidatos a las lumbreras de nuestro país. Ya no extraña ver a una doctora en física de socorrista en una piscina o a un geólogo de repartidor de pizzas. Hay que pagar las facturas.
Según la OCDE, España es el país con mayor índice de sobrecualificación, más de un 25%. Unas cifras que se disparan hasta el 40% en el caso de los más jóvenes. Y no parece que España vaya a abandonar este puesto. Animados por las ayudas del Gobierno para continuar los estudios y con la esperanza puesta en que el “chaparrón” pase cuanto antes, muchos han optado por seguir añadiendo apartados a su ya deslumbrante curriculum.
Este año, el número de matriculados en selectividad ha crecido en 230.000 alumnos (el mayor incremento en 15 años) y la UNED tendrá un 37% más de estudiantes. Mejorar el perfil laboral de los jóvenes no sirve de mucho. En general, no les va a reportar un mayor beneficio económico, ya que como informa la OCDE, desde hace ocho años la ventaja salarial entre licenciados y graduados de secundaria ha caído un 40%. Tampoco va a implicar una recompensa laboral a nivel personal. Es más, el exceso de formación puede que les complique acceder a un puesto de trabajo en un futuro, ya que las empresas son reticentes a contratar personas sobrecualificadas para un determinado empleo por miedo a que no se sientan motivadas y lo abandonen en el futuro. Sin embargo, estudiar un poco más es la única alternativa para muchos. Al menos evitarán un parón injustificado en temas relacionados con su carrera.
Aunque la crisis ha agravado la compleja situación laboral, el paro lleva décadas acuciando la economía española y tiene más que ver con su ineficiente marco educativo y la ausencia de programas formativos orientados a satisfacer las necesidades reales del mercado. En vez de aturdir los oídos de la juventud con la importancia de tener un título universitario, más valdría poner todas las fuerzas en orientarla hacia actividades que sirvan a nuestra economía y les aseguren un futuro. De poco sirve ser Doctor en Humanidades o hablar bien tailandés si no existen puestos de trabajo para dichas especialidades.
Publicado en:
AMÉRICA LATINA EN MOVIMIENTO
EL INDEPENDIENTE DE HIDALGO
CORRIENTES HOY
CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
REVISTA FUSIÓN
DIARIO UNIVERSAL
MERCURIO MANTA
LA PATRIA EN LÍNEA
De ser una generación mimada y afortunada, con una preparación muy superior a la de sus padres y lista para triunfar, los jóvenes españoles han pasado a convertirse en un colectivo desencantado y frustrado. Sin posibilidades de lograr el empleo para el que se han formado y con el pronóstico de una calidad de vida inferior a la de sus progenitores.
Son el sector de población que más ha sufrido el incremento del paro. Según datos recientes de la agencia Eurostat, la tasa de menores de 29 años sin empleo alcanza casi el 43% y duplica la media de la Unión Europea, con casi un 21%. Los más afectados han sido los menores de 25 años, de los que ya hay cerca de medio millón sin trabajo.
Desde que estalló la crisis, con la caída de Lehman Brothers, la situación laboral de los jóvenes españoles no ha hecho sino empeorar. Los recién licenciados en arquitectura, que hace un par de años se frotaban las manos ante contratos suculentos, hoy han pasado a engrosar las listas del paro. Pero no están solos, ya que ninguna profesión se libra: filólogos, informáticos, químicos, matemáticos, historiadores, etcétera, les hacen compañía.
Ante la perspectiva nada apetecible de regresar a la casa de sus padres, algunos (los menos) han decidido arriesgarse y convertirse en empresarios. Lideran con incertidumbre proyectos emprendedores que el tiempo dirá si llegan a buen término.
Otros han optado por trabajar en cualquier cosa. Actividades para las que no se precisaba apenas cualificación tienen como firmes candidatos a las lumbreras de nuestro país. Ya no extraña ver a una doctora en física de socorrista en una piscina o a un geólogo de repartidor de pizzas. Hay que pagar las facturas.
Según la OCDE, España es el país con mayor índice de sobrecualificación, más de un 25%. Unas cifras que se disparan hasta el 40% en el caso de los más jóvenes. Y no parece que España vaya a abandonar este puesto. Animados por las ayudas del Gobierno para continuar los estudios y con la esperanza puesta en que el “chaparrón” pase cuanto antes, muchos han optado por seguir añadiendo apartados a su ya deslumbrante curriculum.
Este año, el número de matriculados en selectividad ha crecido en 230.000 alumnos (el mayor incremento en 15 años) y la UNED tendrá un 37% más de estudiantes. Mejorar el perfil laboral de los jóvenes no sirve de mucho. En general, no les va a reportar un mayor beneficio económico, ya que como informa la OCDE, desde hace ocho años la ventaja salarial entre licenciados y graduados de secundaria ha caído un 40%. Tampoco va a implicar una recompensa laboral a nivel personal. Es más, el exceso de formación puede que les complique acceder a un puesto de trabajo en un futuro, ya que las empresas son reticentes a contratar personas sobrecualificadas para un determinado empleo por miedo a que no se sientan motivadas y lo abandonen en el futuro. Sin embargo, estudiar un poco más es la única alternativa para muchos. Al menos evitarán un parón injustificado en temas relacionados con su carrera.
Aunque la crisis ha agravado la compleja situación laboral, el paro lleva décadas acuciando la economía española y tiene más que ver con su ineficiente marco educativo y la ausencia de programas formativos orientados a satisfacer las necesidades reales del mercado. En vez de aturdir los oídos de la juventud con la importancia de tener un título universitario, más valdría poner todas las fuerzas en orientarla hacia actividades que sirvan a nuestra economía y les aseguren un futuro. De poco sirve ser Doctor en Humanidades o hablar bien tailandés si no existen puestos de trabajo para dichas especialidades.
Publicado en:
AMÉRICA LATINA EN MOVIMIENTO
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