Insultos, intimidaciones, coacciones e, incluso, violencia física. Este es el premio que algunos ciudadanos otorgan a aquellos que velan por su salud. Una encuesta realizada por la empresa Pfizer informa sobre el aumento de agresiones contra el personal sanitario en España. Un problema que rebasa fronteras y evidencia los cambios producidos en la relación médico paciente.
La medicina se ha convertido en una profesión de riesgo. La Organización Mundial de la Salud informa de que el 25% de la violencia laboral se produce en el sector sanitario. Algo lógico, dadas las especiales condiciones emocionales de los enfermos, la estrecha relación entre médico y paciente y el complejo entramado burocrático de los centros de salud. Las cifras hablan por si solas. En España, siete de cada diez médicos han sido víctimas de amenazas, un 3% de las cuales llegaron a la violencia física. Y las cifras podrían ser mayores, ya que no todas las agresiones se denuncian.
Las largas esperas en los hospitales, que el facultativo no recete o realice las pruebas que el paciente espera, o la negativa a conceder la baja laboral, son las principales causas de las agresiones.
De la devoción de antaño por la bata blanca se ha pasado a su desprecio. Cuatro de cada diez médicos consideran que los pacientes españoles emplean el sistema sanitario de forma abusiva. Ya no acuden a la consulta con la confianza en los conocimientos y el criterio científico del doctor. Al contrario. Ellos mismos diagnostican su supuesta dolencia tras leer un artículo en una revista o visitar un foro en internet y exigen unas pruebas y un tratamiento concretos. Pagan sus impuestos y merecen que todos los recursos estén a su alcance, aunque solo padezcan una gripe estacional.
“Los pacientes han cambiado”, explica José Carlos Fuertes, autor de la encuesta Pfizer. “Del paciente-paciente hemos pasado al usuario-cliente que se informa, exige, presiona. Y ahí se ha cometido una gran equivocación: el transmitir a la población la falsa idea de que existe un derecho a la salud. El derecho a la salud no lo tiene nadie, es imposible tenerlo, no lo tiene ni el médico. Lo único que se puede ofrecer es el derecho a la asistencia sanitaria, que es algo diferente“.
El aumento de conflictos en el ámbito sanitario no solo afecta la seguridad de los trabajadores, sino también de los usuarios. Leonor Cantera, psicóloga de la Universidad Autónoma de Barcelona, afirma que es el caldo de cultivo para generar tensiones entre los mismos sanitarios. “Esta tensión se convierte en catalizador de consultas agresivas puntuales e involuntarias entre los propios sanitarios, por malentendidos, porque tienen intereses, posiciones o deseos incompatibles, que se trasladan a los receptores del servicio, potenciando su agresividad particular”, explica.
La Organización Internacional del Trabajo define como violencia laboral toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable, mediante el cual una persona es amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma”. Las agresiones en el trabajo tienen consecuencias sobre la dignidad y calidad de la vida de los afectados. Suponen un ataque a los derechos humanos como el honor, la integridad moral o la intimidad, entre otros.
Los pacientes olvidan con frecuencia que el derecho a la protección de la salud no está destinado de forma exclusiva a ellos, sino que incluye también a los propios sanitarios. La Constitución española recoge el deber de los poderes públicos de velar por la seguridad y las condiciones de higiene en el trabajo. Para ello hay que abordar este problema de una forma integral, ya que no se trata de un problema puntual, sino estructural, que tiene su origen en factores organizativos, sociales, económicos y culturales. Es necesario promover la prevención de las conductas violentas. Agilizar los trámites burocráticos o disminuir las largas esperas de los pacientes puede ser un buen comienzo. Pero, sobre todo, es necesario llevar a cabo una campaña educativa que informe a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones como usuarios del sistema sanitario, que prepare a los trabajadores de los centros de salud para evitar situaciones violentas y que fomente la denuncia de las agresiones.
miércoles, 8 de diciembre de 2010
martes, 7 de diciembre de 2010
La nueva tercera edad
Cada vez son más las personas que a punto de alcanzar los sesenta empiezan a estudiar una carrera, a aprender a pintar o a hablar un nuevo idioma. Son la nueva tercera edad, una generación que no tuvo ocasión de seguir su vocación y que ahora dedica su tiempo a desarrollar sus aptitudes y hacer realidad lo que un día soñaron.
Hace solo dos décadas primaba el tópico de que cuando una persona acababa su etapa productiva dejaba de ser útil para la sociedad. Sin embargo, los mayores de hoy son conscientes de que jubilarse del trabajo no es despedirse de la vida. En vez de quedarse aparcados en un rincón, se preocupan por mantenerse en forma, quieren aprender cosas nuevas y participan de forma activa en su entorno más cercano.
El sociólogo Santiago Cambero explica este fenómeno: “Está apareciendo un nuevo perfil de persona mayor totalmente integrada en la sociedad actual que sigue contribuyendo en favor del bienestar general”. Cambero destaca el papel de los abuelos canguro. “Si se pudiera cuantificar económicamente lo que el Estado del Bienestar y los poderes y administraciones públicas se están ahorrando en cuanto a los cuidados que los abuelos y abuelas están ofreciendo a sus nietos, serían millones de euros”.
La drástica modificación de la estructura demográfica en Occidente es la responsable de estos cambios. Europa envejece a gran velocidad y, dentro de ella, España es uno de los países que mejor ejemplifican esta transformación. Si a principios del siglo XX la esperanza de vida no llegaba a los 35, hoy supera los 80. Frente a ello, el número de nacimientos ha caído de forma considerable.
Los responsables de esta situación son los avances médicos y farmacológicos y la mejor calidad de vida experimentada por la población. Dos aspectos positivos que, en vez de interpretarse como conquistas han dado pie a lanzar pronósticos agoreros y a hablar de la decadencia de Occidente.
Sin embargo, algunos expertos comienzan a ver esta nueva realidad como la oportunidad de equilibrar la estructura social e infundir nuevos aires al sistema productivo occidental si se encauza de forma adecuada.
El reciente artículo de Julio Pérez Díaz, sociólogo y demógrafo del CSIC apunta en esta dirección. “El envejecimiento demográfico guarda una correlación casi perfecta con los niveles de riqueza y bienestar internacionales, y no con la pobreza”, afirma. Esto se debe a la mayor eficacia del sistema. Por primera vez en la historia es posible disminuir la fecundidad, ya que los avances sanitarios permiten que los hijos sobrevivan hasta edades fértiles. Las mujeres pueden desarrollar una vida profesional, al margen de la familiar, ya que el cuidado de los hijos ya no es su ocupación principal. Además, se ha ampliado de forma considerable el tiempo que las personas pueden ser productivas. Sin embargo, el principal problema del envejecimiento de la población es que el número de personas en edad laboral se reduce. En consecuencia, el número de pensionistas aumenta y eso supone un mayor gasto social.
Para que el envejecimiento de la población tenga una repercusión positiva a nivel económico y social es necesario que se produzcan algunos cambios en el sistema laboral, encaminados a beneficiarse por más tiempo de los talentos de los más mayores. Así lo manifiesta el último informe de la European Science Foundation, que apunta a la necesidad de estudiar las modificaciones que deben introducirse en el sistema sanitario, las pensiones y la edad de jubilación.
Según los expertos, la edad biológica ya no es significativa a la hora de clasificar a los mayores. Hay gente que disfruta de sus plenas cualidades físicas y mentales entre los 65 y los 85 años y que puede ser un eslabón importante en la sociedad. Nadie ha tenido que explicarle esto a los mayores. Para ellos envejecer no es sinónimo de caducar. Es una etapa más de la vida para la que nadie está preparado pero que hay que asumir e intentar encauzar de forma positiva.
Mantenerse activos asegura que continúen integrados en la sociedad, que tengan una vida más saludable y satisfactoria a nivel personal. Como afirmó la doctora Marie Beynon Ray: “Nadie envejece por vivir, sino por perder interés en vivir”.
Opinión y Noticias.com (Venezuela)
Hace solo dos décadas primaba el tópico de que cuando una persona acababa su etapa productiva dejaba de ser útil para la sociedad. Sin embargo, los mayores de hoy son conscientes de que jubilarse del trabajo no es despedirse de la vida. En vez de quedarse aparcados en un rincón, se preocupan por mantenerse en forma, quieren aprender cosas nuevas y participan de forma activa en su entorno más cercano.
El sociólogo Santiago Cambero explica este fenómeno: “Está apareciendo un nuevo perfil de persona mayor totalmente integrada en la sociedad actual que sigue contribuyendo en favor del bienestar general”. Cambero destaca el papel de los abuelos canguro. “Si se pudiera cuantificar económicamente lo que el Estado del Bienestar y los poderes y administraciones públicas se están ahorrando en cuanto a los cuidados que los abuelos y abuelas están ofreciendo a sus nietos, serían millones de euros”.
La drástica modificación de la estructura demográfica en Occidente es la responsable de estos cambios. Europa envejece a gran velocidad y, dentro de ella, España es uno de los países que mejor ejemplifican esta transformación. Si a principios del siglo XX la esperanza de vida no llegaba a los 35, hoy supera los 80. Frente a ello, el número de nacimientos ha caído de forma considerable.
Los responsables de esta situación son los avances médicos y farmacológicos y la mejor calidad de vida experimentada por la población. Dos aspectos positivos que, en vez de interpretarse como conquistas han dado pie a lanzar pronósticos agoreros y a hablar de la decadencia de Occidente.
Sin embargo, algunos expertos comienzan a ver esta nueva realidad como la oportunidad de equilibrar la estructura social e infundir nuevos aires al sistema productivo occidental si se encauza de forma adecuada.
El reciente artículo de Julio Pérez Díaz, sociólogo y demógrafo del CSIC apunta en esta dirección. “El envejecimiento demográfico guarda una correlación casi perfecta con los niveles de riqueza y bienestar internacionales, y no con la pobreza”, afirma. Esto se debe a la mayor eficacia del sistema. Por primera vez en la historia es posible disminuir la fecundidad, ya que los avances sanitarios permiten que los hijos sobrevivan hasta edades fértiles. Las mujeres pueden desarrollar una vida profesional, al margen de la familiar, ya que el cuidado de los hijos ya no es su ocupación principal. Además, se ha ampliado de forma considerable el tiempo que las personas pueden ser productivas. Sin embargo, el principal problema del envejecimiento de la población es que el número de personas en edad laboral se reduce. En consecuencia, el número de pensionistas aumenta y eso supone un mayor gasto social.
Para que el envejecimiento de la población tenga una repercusión positiva a nivel económico y social es necesario que se produzcan algunos cambios en el sistema laboral, encaminados a beneficiarse por más tiempo de los talentos de los más mayores. Así lo manifiesta el último informe de la European Science Foundation, que apunta a la necesidad de estudiar las modificaciones que deben introducirse en el sistema sanitario, las pensiones y la edad de jubilación.
Según los expertos, la edad biológica ya no es significativa a la hora de clasificar a los mayores. Hay gente que disfruta de sus plenas cualidades físicas y mentales entre los 65 y los 85 años y que puede ser un eslabón importante en la sociedad. Nadie ha tenido que explicarle esto a los mayores. Para ellos envejecer no es sinónimo de caducar. Es una etapa más de la vida para la que nadie está preparado pero que hay que asumir e intentar encauzar de forma positiva.
Mantenerse activos asegura que continúen integrados en la sociedad, que tengan una vida más saludable y satisfactoria a nivel personal. Como afirmó la doctora Marie Beynon Ray: “Nadie envejece por vivir, sino por perder interés en vivir”.
Opinión y Noticias.com (Venezuela)
sábado, 20 de noviembre de 2010
Se buscan padres
Los abusos dentro de los orfanatos han llevado al Senado español a proponer su cierre progresivo. Una medida que no beneficiará a los menores si no va acompañada de un control cercano de las familias encargadas de su cuidado antes y después de su acogida.
Los orfanatos parecen tener los días contados en España. El Senado ha propuesto el cierre progresivo de los centros residenciales de menores, que serán sustituidos por familias de acogida o de adopción. Esta medida, aplicada en otros países como el Reino Unido, sentará las bases de la futura Ley de Adopción Nacional y Acogimiento Familiar. El objetivo principal es beneficiar a los menores abandonados y desamparados al impedir que vivan sus primeros años de vida en centros estatales.
Se calcula que hay entre 35.000 y 40.000 menores tutelados por la Administración. De ellos, un 25% no ha cumplido los seis años. Estas cifras sitúan a España como el país occidental con mayor número de menores internados en orfanatos. Un hecho dramático según los expertos, que consideran que estos centros no proporcionan a los pequeños la estabilidad afectiva necesaria en sus primeros años.
El menor necesita amor y comprensión para el desarrollo pleno de su personalidad, como lo recoge la Declaración de los Derechos del Niño. Los padres tienen el derecho de su tutela pero también la responsabilidad de ofrecerles un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. Cuando esto falla, corresponde a la sociedad o las autoridades públicas hacerse cargo de los niños. Sin embargo, el actual sistema no les beneficia.
El menor es siempre el mayor perjudicado en las batallas de los padres por su custodia y en los largos procesos para decidir cuál es su situación; si debe ser acogido o adoptado, y dentro de qué marco: en su familia extensa o en una familia ajena, de forma urgente o por motivos terapéuticos.
Desde hace años, expertos y organizaciones no gubernamentales demandan cambios en la administración para regular estas instituciones y agilizar los trámites para que los niños pasen el menor tiempo posible en ellas. Ha habido que esperar a la presente época de vacas flacas para que el Estado haya entrado a valorar la situación de los centros de menores y tomado la determinación de desmantelarlos. Uno de los motivos de una decisión tan radical es el económico. La plaza en estas instituciones cuesta entre 3.500 y 6.000 euros, frente a los 400 y 1.000 de una familia de acogida.
El reciente estudio de Amnistía Internacional y, sobre todo, el informe del Defensor del Pueblo del pasado año, han puesto en evidencia el mal funcionamiento de algunos de estos centros y destapado los abusos cometidos en muchos de ellos: castigos físicos, maltrato psicológico y medicación forzada, entre otros. El Defensor del Pueblo ponía el dedo en la llaga. Achacaba la existencia de estos atentados contra los derechos humanos a la insuficiente regulación autonómica en la materia, que hace que las entidades gestoras dispongan de libertad para imponer un régimen disciplinario abusivo. Pedía una mayor coordinación de las autonomías, seguimientos e inspecciones por parte de los organismos responsables.
El Senado plantea que las familias de acogida sean la alternativa a estos centros y propone instaurar en España la figura del cuidador profesional: parejas de médicos, psicólogos o profesionales vinculados al cuidado y formación de niños, o aquellas personas que demuestren que están capacitadas. Estas familias cobrarán por cada menor en acogida y podrán vivir de esta actividad. Sin embargo, el informe de la comisión trata de modo tangencial lo que debería ser uno de los puntos claves de la reforma: la importancia de realizar controles durante el proceso de selección de las familias y una vez que se ha producido el acogimiento para evitar fraudes.
Los centros de menores no podrán desaparecer por el momento. Son necesarios en los casos más complejos: los adolescentes, las agrupaciones de más de tres hermanos, los enfermos o los que tienen graves alteraciones de conducta. Más allá del ahorro económico que suponen las medidas propuestas por el Senado, de poco va a servir cambiar el sistema si no se vela por la seguridad de los menores y el buen hacer de sus cuidadores. No se puede olvidar que lo principal es lograr la salud, la integridad emocional y psicológica de los niños.
Los orfanatos parecen tener los días contados en España. El Senado ha propuesto el cierre progresivo de los centros residenciales de menores, que serán sustituidos por familias de acogida o de adopción. Esta medida, aplicada en otros países como el Reino Unido, sentará las bases de la futura Ley de Adopción Nacional y Acogimiento Familiar. El objetivo principal es beneficiar a los menores abandonados y desamparados al impedir que vivan sus primeros años de vida en centros estatales.
Se calcula que hay entre 35.000 y 40.000 menores tutelados por la Administración. De ellos, un 25% no ha cumplido los seis años. Estas cifras sitúan a España como el país occidental con mayor número de menores internados en orfanatos. Un hecho dramático según los expertos, que consideran que estos centros no proporcionan a los pequeños la estabilidad afectiva necesaria en sus primeros años.
El menor necesita amor y comprensión para el desarrollo pleno de su personalidad, como lo recoge la Declaración de los Derechos del Niño. Los padres tienen el derecho de su tutela pero también la responsabilidad de ofrecerles un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. Cuando esto falla, corresponde a la sociedad o las autoridades públicas hacerse cargo de los niños. Sin embargo, el actual sistema no les beneficia.
El menor es siempre el mayor perjudicado en las batallas de los padres por su custodia y en los largos procesos para decidir cuál es su situación; si debe ser acogido o adoptado, y dentro de qué marco: en su familia extensa o en una familia ajena, de forma urgente o por motivos terapéuticos.
Desde hace años, expertos y organizaciones no gubernamentales demandan cambios en la administración para regular estas instituciones y agilizar los trámites para que los niños pasen el menor tiempo posible en ellas. Ha habido que esperar a la presente época de vacas flacas para que el Estado haya entrado a valorar la situación de los centros de menores y tomado la determinación de desmantelarlos. Uno de los motivos de una decisión tan radical es el económico. La plaza en estas instituciones cuesta entre 3.500 y 6.000 euros, frente a los 400 y 1.000 de una familia de acogida.
El reciente estudio de Amnistía Internacional y, sobre todo, el informe del Defensor del Pueblo del pasado año, han puesto en evidencia el mal funcionamiento de algunos de estos centros y destapado los abusos cometidos en muchos de ellos: castigos físicos, maltrato psicológico y medicación forzada, entre otros. El Defensor del Pueblo ponía el dedo en la llaga. Achacaba la existencia de estos atentados contra los derechos humanos a la insuficiente regulación autonómica en la materia, que hace que las entidades gestoras dispongan de libertad para imponer un régimen disciplinario abusivo. Pedía una mayor coordinación de las autonomías, seguimientos e inspecciones por parte de los organismos responsables.
El Senado plantea que las familias de acogida sean la alternativa a estos centros y propone instaurar en España la figura del cuidador profesional: parejas de médicos, psicólogos o profesionales vinculados al cuidado y formación de niños, o aquellas personas que demuestren que están capacitadas. Estas familias cobrarán por cada menor en acogida y podrán vivir de esta actividad. Sin embargo, el informe de la comisión trata de modo tangencial lo que debería ser uno de los puntos claves de la reforma: la importancia de realizar controles durante el proceso de selección de las familias y una vez que se ha producido el acogimiento para evitar fraudes.
Los centros de menores no podrán desaparecer por el momento. Son necesarios en los casos más complejos: los adolescentes, las agrupaciones de más de tres hermanos, los enfermos o los que tienen graves alteraciones de conducta. Más allá del ahorro económico que suponen las medidas propuestas por el Senado, de poco va a servir cambiar el sistema si no se vela por la seguridad de los menores y el buen hacer de sus cuidadores. No se puede olvidar que lo principal es lograr la salud, la integridad emocional y psicológica de los niños.
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domingo, 10 de octubre de 2010
Sobrecualificados y parados
Estudiar un máster, aprender un nuevo idioma o iniciar un doctorado es la opción de muchos universitarios españoles ante la dificultad de lograr su primer empleo una vez finalizados sus estudios. Algo que hace unos años les habría servido para obtener un sueldo o un puesto de trabajo mejor, pero que hoy es, sobre todo, el modo de evitar un vacío en el curriculum.
De ser una generación mimada y afortunada, con una preparación muy superior a la de sus padres y lista para triunfar, los jóvenes españoles han pasado a convertirse en un colectivo desencantado y frustrado. Sin posibilidades de lograr el empleo para el que se han formado y con el pronóstico de una calidad de vida inferior a la de sus progenitores.
Son el sector de población que más ha sufrido el incremento del paro. Según datos recientes de la agencia Eurostat, la tasa de menores de 29 años sin empleo alcanza casi el 43% y duplica la media de la Unión Europea, con casi un 21%. Los más afectados han sido los menores de 25 años, de los que ya hay cerca de medio millón sin trabajo.
Desde que estalló la crisis, con la caída de Lehman Brothers, la situación laboral de los jóvenes españoles no ha hecho sino empeorar. Los recién licenciados en arquitectura, que hace un par de años se frotaban las manos ante contratos suculentos, hoy han pasado a engrosar las listas del paro. Pero no están solos, ya que ninguna profesión se libra: filólogos, informáticos, químicos, matemáticos, historiadores, etcétera, les hacen compañía.
Ante la perspectiva nada apetecible de regresar a la casa de sus padres, algunos (los menos) han decidido arriesgarse y convertirse en empresarios. Lideran con incertidumbre proyectos emprendedores que el tiempo dirá si llegan a buen término.
Otros han optado por trabajar en cualquier cosa. Actividades para las que no se precisaba apenas cualificación tienen como firmes candidatos a las lumbreras de nuestro país. Ya no extraña ver a una doctora en física de socorrista en una piscina o a un geólogo de repartidor de pizzas. Hay que pagar las facturas.
Según la OCDE, España es el país con mayor índice de sobrecualificación, más de un 25%. Unas cifras que se disparan hasta el 40% en el caso de los más jóvenes. Y no parece que España vaya a abandonar este puesto. Animados por las ayudas del Gobierno para continuar los estudios y con la esperanza puesta en que el “chaparrón” pase cuanto antes, muchos han optado por seguir añadiendo apartados a su ya deslumbrante curriculum.
Este año, el número de matriculados en selectividad ha crecido en 230.000 alumnos (el mayor incremento en 15 años) y la UNED tendrá un 37% más de estudiantes. Mejorar el perfil laboral de los jóvenes no sirve de mucho. En general, no les va a reportar un mayor beneficio económico, ya que como informa la OCDE, desde hace ocho años la ventaja salarial entre licenciados y graduados de secundaria ha caído un 40%. Tampoco va a implicar una recompensa laboral a nivel personal. Es más, el exceso de formación puede que les complique acceder a un puesto de trabajo en un futuro, ya que las empresas son reticentes a contratar personas sobrecualificadas para un determinado empleo por miedo a que no se sientan motivadas y lo abandonen en el futuro. Sin embargo, estudiar un poco más es la única alternativa para muchos. Al menos evitarán un parón injustificado en temas relacionados con su carrera.
Aunque la crisis ha agravado la compleja situación laboral, el paro lleva décadas acuciando la economía española y tiene más que ver con su ineficiente marco educativo y la ausencia de programas formativos orientados a satisfacer las necesidades reales del mercado. En vez de aturdir los oídos de la juventud con la importancia de tener un título universitario, más valdría poner todas las fuerzas en orientarla hacia actividades que sirvan a nuestra economía y les aseguren un futuro. De poco sirve ser Doctor en Humanidades o hablar bien tailandés si no existen puestos de trabajo para dichas especialidades.
Publicado en:
AMÉRICA LATINA EN MOVIMIENTO
EL INDEPENDIENTE DE HIDALGO
CORRIENTES HOY
CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
REVISTA FUSIÓN
DIARIO UNIVERSAL
MERCURIO MANTA
LA PATRIA EN LÍNEA
De ser una generación mimada y afortunada, con una preparación muy superior a la de sus padres y lista para triunfar, los jóvenes españoles han pasado a convertirse en un colectivo desencantado y frustrado. Sin posibilidades de lograr el empleo para el que se han formado y con el pronóstico de una calidad de vida inferior a la de sus progenitores.
Son el sector de población que más ha sufrido el incremento del paro. Según datos recientes de la agencia Eurostat, la tasa de menores de 29 años sin empleo alcanza casi el 43% y duplica la media de la Unión Europea, con casi un 21%. Los más afectados han sido los menores de 25 años, de los que ya hay cerca de medio millón sin trabajo.
Desde que estalló la crisis, con la caída de Lehman Brothers, la situación laboral de los jóvenes españoles no ha hecho sino empeorar. Los recién licenciados en arquitectura, que hace un par de años se frotaban las manos ante contratos suculentos, hoy han pasado a engrosar las listas del paro. Pero no están solos, ya que ninguna profesión se libra: filólogos, informáticos, químicos, matemáticos, historiadores, etcétera, les hacen compañía.
Ante la perspectiva nada apetecible de regresar a la casa de sus padres, algunos (los menos) han decidido arriesgarse y convertirse en empresarios. Lideran con incertidumbre proyectos emprendedores que el tiempo dirá si llegan a buen término.
Otros han optado por trabajar en cualquier cosa. Actividades para las que no se precisaba apenas cualificación tienen como firmes candidatos a las lumbreras de nuestro país. Ya no extraña ver a una doctora en física de socorrista en una piscina o a un geólogo de repartidor de pizzas. Hay que pagar las facturas.
Según la OCDE, España es el país con mayor índice de sobrecualificación, más de un 25%. Unas cifras que se disparan hasta el 40% en el caso de los más jóvenes. Y no parece que España vaya a abandonar este puesto. Animados por las ayudas del Gobierno para continuar los estudios y con la esperanza puesta en que el “chaparrón” pase cuanto antes, muchos han optado por seguir añadiendo apartados a su ya deslumbrante curriculum.
Este año, el número de matriculados en selectividad ha crecido en 230.000 alumnos (el mayor incremento en 15 años) y la UNED tendrá un 37% más de estudiantes. Mejorar el perfil laboral de los jóvenes no sirve de mucho. En general, no les va a reportar un mayor beneficio económico, ya que como informa la OCDE, desde hace ocho años la ventaja salarial entre licenciados y graduados de secundaria ha caído un 40%. Tampoco va a implicar una recompensa laboral a nivel personal. Es más, el exceso de formación puede que les complique acceder a un puesto de trabajo en un futuro, ya que las empresas son reticentes a contratar personas sobrecualificadas para un determinado empleo por miedo a que no se sientan motivadas y lo abandonen en el futuro. Sin embargo, estudiar un poco más es la única alternativa para muchos. Al menos evitarán un parón injustificado en temas relacionados con su carrera.
Aunque la crisis ha agravado la compleja situación laboral, el paro lleva décadas acuciando la economía española y tiene más que ver con su ineficiente marco educativo y la ausencia de programas formativos orientados a satisfacer las necesidades reales del mercado. En vez de aturdir los oídos de la juventud con la importancia de tener un título universitario, más valdría poner todas las fuerzas en orientarla hacia actividades que sirvan a nuestra economía y les aseguren un futuro. De poco sirve ser Doctor en Humanidades o hablar bien tailandés si no existen puestos de trabajo para dichas especialidades.
Publicado en:
AMÉRICA LATINA EN MOVIMIENTO
EL INDEPENDIENTE DE HIDALGO
CORRIENTES HOY
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REVISTA FUSIÓN
DIARIO UNIVERSAL
MERCURIO MANTA
LA PATRIA EN LÍNEA
viernes, 23 de julio de 2010
Prostitución y marketing
“Amigas cariñosas”, “chicas inolvidables”, “preciosas asiáticas”... Cada día las páginas de publicidad de los periódicos se llenan con anuncios de prostitución. Un negocio que mueve 40 millones de euros sólo en España y tras el que se esconden mafias organizadas que trafican con seres humanos con fines sexuales.
La semana pasada, el presidente del Gobierno español anunció su intención de tomar medidas legales para prohibir la publicidad relacionada con la “industria” del sexo en los medios de comunicación. No es la primera vez que se dan pasos en este sentido. En enero de 2009, el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual definió a las prostitutas como “víctimas” y demandó a los diarios que acabasen con cualquier relación empresarial con la prostitución.
Algunos como La Razón, Público, 20 Minutos o Avui lo hicieron. Otros como La Vanguardia, El País, El Mundo o ABC siguen recaudando beneficios gracias a su particular “barrio chino”. Un término irónico con el que el articulista Antonio Burgos consagró a la sección de anuncios breves de los periódicos “donde se ofrecen casas de masajes, mulatas de pechos grandes, viudas ardientes y amigas que reciben en lencería, por no hablar del parte meteorológico de la lluvia dorada o de la filología del francés y el griego”.
Altamira Gonzalo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, denuncia esta actitud: “Que hay trata de blancas en nuestro país es una realidad y los medios de comunicación mantienen una postura contradictoria en este sentido. Por un lado, se manifiestan en contra de estas mafias y, por otro, mantienen los anuncios de explotación sexual”.
Cientos de anuncios relacionados con el comercio del sexo se ponen al alcance de cualquier persona ― incluidos menores ―, enmascarados bajo términos eufemísticos como “relax”, “adultos” o “contactos”. El País, periódico que denuncia la prostitución como una “esclavitud invisible”, a veces cuenta con más de 700 anuncios breves relacionados con contactos sexuales. En 2009, este diario, junto con El Mundo, ABC y La Razón sumaron 1.323 páginas destinadas a publicidad con contenidos sexuales. Unas cifras inferiores a las de años anteriores, pero aún muy elevadas si se comparan con el espacio que se dedica a anuncios de otras categorías.
El 85% de las personas que ejercen la prostitución lo hacen a la fuerza. Cada año, cerca de cuatro millones de mujeres y niñas son compradas y vendidas para ser explotadas sexualmente. Se sabe que muchos de los números de teléfono que aparecen en los anuncios de contenido sexual encubren esta actividad. Pero ahora que la prensa está de capa caída en lo que a número de patrocinadores se refiere, suprimir este tipo de publicidad pone en una encrucijada a los medios. ¿Qué hacer? ¿Ser consecuentes con la línea editorial o sucumbir al marketing de una actividad ilícita que sanea las arcas de los diarios?
Perder un negocio como este no parece estar en la mente de los editores. El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, contrario a la supresión de este tipo de publicidad, llegó a responsabilizar a los cuerpos de Seguridad del Estado de su existencia en el momento en el que estalló la polémica. “Nosotros no somos la Dirección General de la Policía”, dijo. “Si se investiga y se demuestra que hay tramas, éstas desaparecerán y también sus anuncios”.
La defensora de El País, por su parte, afirmó que no deberían publicarse este tipo de anuncios que contribuyen a denigrar a las mujeres y a convertirlas en esclavas. Sin embargo, este periódico es el que mayor número lanza a diario.
La prostitución supone un atentado contra los derechos humanos. No es una expresión de libertad sexual sino de violencia, marginación, problemas económicos y culturas patriarcales y sexistas. Se llega a ella sólo por la fuerza o la necesidad. Que los medios que critican esta actividad al mismo tiempo la promuevan responde a una actitud hipócrita, que cuenta monedas mientras seres humanos viven en la clandestinidad una actividad que destruye sus vidas. Si de dinero se trata, en manos de los lectores queda secundar o combatir esta doble moral.
La semana pasada, el presidente del Gobierno español anunció su intención de tomar medidas legales para prohibir la publicidad relacionada con la “industria” del sexo en los medios de comunicación. No es la primera vez que se dan pasos en este sentido. En enero de 2009, el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual definió a las prostitutas como “víctimas” y demandó a los diarios que acabasen con cualquier relación empresarial con la prostitución.
Algunos como La Razón, Público, 20 Minutos o Avui lo hicieron. Otros como La Vanguardia, El País, El Mundo o ABC siguen recaudando beneficios gracias a su particular “barrio chino”. Un término irónico con el que el articulista Antonio Burgos consagró a la sección de anuncios breves de los periódicos “donde se ofrecen casas de masajes, mulatas de pechos grandes, viudas ardientes y amigas que reciben en lencería, por no hablar del parte meteorológico de la lluvia dorada o de la filología del francés y el griego”.
Altamira Gonzalo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, denuncia esta actitud: “Que hay trata de blancas en nuestro país es una realidad y los medios de comunicación mantienen una postura contradictoria en este sentido. Por un lado, se manifiestan en contra de estas mafias y, por otro, mantienen los anuncios de explotación sexual”.
Cientos de anuncios relacionados con el comercio del sexo se ponen al alcance de cualquier persona ― incluidos menores ―, enmascarados bajo términos eufemísticos como “relax”, “adultos” o “contactos”. El País, periódico que denuncia la prostitución como una “esclavitud invisible”, a veces cuenta con más de 700 anuncios breves relacionados con contactos sexuales. En 2009, este diario, junto con El Mundo, ABC y La Razón sumaron 1.323 páginas destinadas a publicidad con contenidos sexuales. Unas cifras inferiores a las de años anteriores, pero aún muy elevadas si se comparan con el espacio que se dedica a anuncios de otras categorías.
El 85% de las personas que ejercen la prostitución lo hacen a la fuerza. Cada año, cerca de cuatro millones de mujeres y niñas son compradas y vendidas para ser explotadas sexualmente. Se sabe que muchos de los números de teléfono que aparecen en los anuncios de contenido sexual encubren esta actividad. Pero ahora que la prensa está de capa caída en lo que a número de patrocinadores se refiere, suprimir este tipo de publicidad pone en una encrucijada a los medios. ¿Qué hacer? ¿Ser consecuentes con la línea editorial o sucumbir al marketing de una actividad ilícita que sanea las arcas de los diarios?
Perder un negocio como este no parece estar en la mente de los editores. El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, contrario a la supresión de este tipo de publicidad, llegó a responsabilizar a los cuerpos de Seguridad del Estado de su existencia en el momento en el que estalló la polémica. “Nosotros no somos la Dirección General de la Policía”, dijo. “Si se investiga y se demuestra que hay tramas, éstas desaparecerán y también sus anuncios”.
La defensora de El País, por su parte, afirmó que no deberían publicarse este tipo de anuncios que contribuyen a denigrar a las mujeres y a convertirlas en esclavas. Sin embargo, este periódico es el que mayor número lanza a diario.
La prostitución supone un atentado contra los derechos humanos. No es una expresión de libertad sexual sino de violencia, marginación, problemas económicos y culturas patriarcales y sexistas. Se llega a ella sólo por la fuerza o la necesidad. Que los medios que critican esta actividad al mismo tiempo la promuevan responde a una actitud hipócrita, que cuenta monedas mientras seres humanos viven en la clandestinidad una actividad que destruye sus vidas. Si de dinero se trata, en manos de los lectores queda secundar o combatir esta doble moral.
domingo, 16 de mayo de 2010
El doctor paciente
El uso de las redes sociales incrementa la automedicación. Esta es la conclusión a la que ha llegado un equipo de investigadores de la Universidad de Columbia, que ha analizado, entre otras cosas, los mensajes relacionados con la salud de los usuarios de Twitter. Más de 50.000 publicaciones estudiadas hablaban de las condiciones generales del uso de determinados medicamentos y unas 700 creaban malentendidos y fomentaban su mal uso. La combinación ”Gripe + antibióticos” fue una de las más empleadas por los usuarios, que parecen desconocer la broma que circula entre los médicos de que con antibiótico, la gripe dura 7 días y, sin él, una semana.
Los consejos de los familiares y amigos se han quedado anticuados ante las posibilidades que ofrece la red. El 85 por ciento de los pacientes reconocen que antes de consultar a su médico realizan una búsqueda en internet. Tras teclear sus síntomas en Google, obtienen información acerca de las posibles patologías y de los tratamientos más aconsejables. Es decir, emplean los buscadores para realizar el diagnóstico diferencial que sólo un verdadero profesional puede efectuar con rigor.
El problema es que las entradas omiten en muchas ocasiones información clave sobre las contraindicaciones, las interacciones con otros fármacos o los efectos secundarios que se pueden producir si se toma un determinado medicamento, y relacionan enfermedades que, en principio, no tienen nada en común.
Puede parecer un problema menor, pero la automedicación es la décima causa de muerte en el mundo. Detrás de la venta y el consumo de fármacos sin prescripción médica está el aumento de las tasas de resistencia a los antibióticos y la aparición de nuevas cepas bacterianas.
La Organización Mundial de la Salud es clara al respecto. Si se siguen utilizando de forma incorrecta los antibióticos, algunos virus que hoy en día no suponen ninguna amenaza para la salud serán incurables dentro de diez años. Las cifras hablan por sí mismas. Solo en Europa 25.000 muertes anuales están relacionadas con el mal uso de los medicamentos. No obstante, no todos los países tienen las mismas tasas de resistencia. La Red Europea de Vigilancia de las Resistencias a Antibióticos informa de que las mayores se localizan en los países del sur y del este de la UE, que son los que más antibióticos consumen. El problema alcanza sus dimensiones más preocupantes en África, donde a la dificultad de adquirir las medicinas ahora se suma su ineficacia. Los antimaláricos más comunes son ineficaces en el 50 por ciento de los casos, lo que ha llevado a la OMS a recomendar terapias combinadas.
Los microorganismos son más rápidos que las industrias farmacéuticas, que precisan de años para producir cada fármaco. Según la Agencia Europea del Medicamento, en la actualidad solo se están desarrollando 15 nuevos antibacterianos para los que ya existen opciones de tratamiento. El problema más grave lo presentan las bacterias Gram negativas multirresistentes, para las que aún no existe ningún antibiótico en perspectivas de ser comercializado.
José Campos, miembro de la Red Española de Investigación en Patología Infecciosa comparte esta preocupación. Cree que el futuro respecto a la resistencia a los medicamentos es poco esperanzador debido al “aumento continuo de la presencia de multiresistencias, la aparición y diseminación de superbacterias, las necesidades no cubiertas en el entorno hospitalario, y la baja disponibilidad de nuevos antibióticos, ya que el proceso de desarrollo puede durar de 12 a 24 años”.
Es importante concienciar a la población de los peligros del consumo indiscriminado de medicamentos, la nula validez de los consejos realizados por cualquier persona fuera del ámbito sanitario y la importancia de consultar con el médico o el farmacéutico antes de tomar cualquier fármaco. Campañas como la que lanzará el próximo 15 de mayo la Academia Nacional de Medicina de México, denominada “Más por tu receta”, han demostrado su efectividad en otros países.
Así las cosas, no está de más recordar las palabras de Aurelio Cornelio Delso, que allá por el siglo I a. de C afirmó: “Es menester no ignorar que los medicamentos tomados en brebajes no siempre resultan útiles a los enfermos y que, habitualmente, perjudican a las personas sanas”. Tengámosla bien presente si no queremos regresar a la “era preantibiótica”.
Los consejos de los familiares y amigos se han quedado anticuados ante las posibilidades que ofrece la red. El 85 por ciento de los pacientes reconocen que antes de consultar a su médico realizan una búsqueda en internet. Tras teclear sus síntomas en Google, obtienen información acerca de las posibles patologías y de los tratamientos más aconsejables. Es decir, emplean los buscadores para realizar el diagnóstico diferencial que sólo un verdadero profesional puede efectuar con rigor.
El problema es que las entradas omiten en muchas ocasiones información clave sobre las contraindicaciones, las interacciones con otros fármacos o los efectos secundarios que se pueden producir si se toma un determinado medicamento, y relacionan enfermedades que, en principio, no tienen nada en común.
Puede parecer un problema menor, pero la automedicación es la décima causa de muerte en el mundo. Detrás de la venta y el consumo de fármacos sin prescripción médica está el aumento de las tasas de resistencia a los antibióticos y la aparición de nuevas cepas bacterianas.
La Organización Mundial de la Salud es clara al respecto. Si se siguen utilizando de forma incorrecta los antibióticos, algunos virus que hoy en día no suponen ninguna amenaza para la salud serán incurables dentro de diez años. Las cifras hablan por sí mismas. Solo en Europa 25.000 muertes anuales están relacionadas con el mal uso de los medicamentos. No obstante, no todos los países tienen las mismas tasas de resistencia. La Red Europea de Vigilancia de las Resistencias a Antibióticos informa de que las mayores se localizan en los países del sur y del este de la UE, que son los que más antibióticos consumen. El problema alcanza sus dimensiones más preocupantes en África, donde a la dificultad de adquirir las medicinas ahora se suma su ineficacia. Los antimaláricos más comunes son ineficaces en el 50 por ciento de los casos, lo que ha llevado a la OMS a recomendar terapias combinadas.
Los microorganismos son más rápidos que las industrias farmacéuticas, que precisan de años para producir cada fármaco. Según la Agencia Europea del Medicamento, en la actualidad solo se están desarrollando 15 nuevos antibacterianos para los que ya existen opciones de tratamiento. El problema más grave lo presentan las bacterias Gram negativas multirresistentes, para las que aún no existe ningún antibiótico en perspectivas de ser comercializado.
José Campos, miembro de la Red Española de Investigación en Patología Infecciosa comparte esta preocupación. Cree que el futuro respecto a la resistencia a los medicamentos es poco esperanzador debido al “aumento continuo de la presencia de multiresistencias, la aparición y diseminación de superbacterias, las necesidades no cubiertas en el entorno hospitalario, y la baja disponibilidad de nuevos antibióticos, ya que el proceso de desarrollo puede durar de 12 a 24 años”.
Es importante concienciar a la población de los peligros del consumo indiscriminado de medicamentos, la nula validez de los consejos realizados por cualquier persona fuera del ámbito sanitario y la importancia de consultar con el médico o el farmacéutico antes de tomar cualquier fármaco. Campañas como la que lanzará el próximo 15 de mayo la Academia Nacional de Medicina de México, denominada “Más por tu receta”, han demostrado su efectividad en otros países.
Así las cosas, no está de más recordar las palabras de Aurelio Cornelio Delso, que allá por el siglo I a. de C afirmó: “Es menester no ignorar que los medicamentos tomados en brebajes no siempre resultan útiles a los enfermos y que, habitualmente, perjudican a las personas sanas”. Tengámosla bien presente si no queremos regresar a la “era preantibiótica”.
viernes, 7 de mayo de 2010
Salud para todos, un derecho y una obligación
La generalización de la historia clínica digital, la reducción del precio de los genéricos, la implantación de las facturas sombra y el desarrollo de estrategias educativas, informativas y organizativas son algunas de las nuevas medidas propuestas por el Ministerio de Salud para poner freno al uso irresponsable de la Seguridad Social.
El sistema sanitario hispano, es el servicio público mejor valorado por los españoles, por su universalidad y por estar organizado con criterios de equidad y de igualdad. Pero su mal uso puede disminuir o poner en riesgo su calidad.
La falta de concienciación sobre el alto costo de los servicios sanitarios es el mal endógeno del sistema de salud español. Según un reciente estudio realizado por la compañía McKinsey, una de cada tres visitas al médico de familia son innecesarias y cerca de la mitad de las urgencias no son tales. Las consecuencias de este abuso del sistema son claras: la sobrecarga de los centros de salud y el derroche de los fondos de las arcas públicas en pruebas y tratamientos innecesarios.
El paciente español ya no acude a la consulta con la confianza en los conocimientos y el criterio científico del doctor. Al contrario. Él mismo ha diagnosticado su supuesta dolencia tras leer un artículo en una revista, visitar un foro en internet o ver un comentario en Twitter y exige unas pruebas y un tratamiento concretos. Si, tras la exploración, el médico no le “obsequia” con la ansiada receta, el paciente considerará que no ha recibido el trato que merece y que el doctor que le ha atendido no es un auténtico profesional. La sostenibilidad, el uso responsable del sistema sanitario y los riesgos del incremento de la resistencia bacteriana por el abuso de los antibióticos le traen sin cuidado. Él paga sus impuestos y merece que todos los recursos estén a su disposición, aunque su dolencia no sea más que una simple gripe estacional.
Pero no sólo los pacientes utilizan los servicios sanitarios de un modo irresponsable. Según el informe McKinsey, los profesionales no siempre emplean de modo eficiente los recursos de los que disponen. Así lo demuestran las diferencias regionales en cuanto a pruebas diagnósticas, que son de hasta 3 veces para el TAC, de 5 para la resonancia magnética o de más de 7 para las mamografías.
El gasto farmacéutico español, un 40 por ciento superior al de países como Dinamarca, Reino Unido o Portugal, también corrobora esta aseveración. Según la plataforma No Gracias, la mayoría de los medicamentos prescritos pertenecen a empresas farmacéuticas consolidadas y son mucho más caros que los genéricos, que sólo se recetan en el 12 por ciento de los casos.
Sin embargo, ejemplos como el de la sanidad cubana han demostrado que es posible configurar un servicio de salud eficaz sin contar con grandes recursos. Según la revista Science, un reciente estudio realizado en la Universidad de Stanford demuestra que el sistema sanitario cubano no tiene nada que envidiar al de los países ricos. A pesar del bloqueo al que se ha visto sometida la isla durante cincuenta años, la esperanza de vida, la cantidad de médicos per cápita, el porcentaje de población vacunada y el índice de mortalidad infantil son los mejores de entre los países latinoamericanos. Esto ha sido posible gracias a una serie de medidas en las que se busca potenciar la prevención en vez de centrarse en los medicamentos y en las costosas pruebas diagnósticas. Para ello, se ha impulsado la educación sanitaria de la población, con el fin de que ésta sea menos dependiente de los fármacos, y se ha creado una buena red de centos de atención primaria, que asumen las enfermedades más frecuentes y de más fácil solución y recogen las necesidades de la población, sus deseos en temas de salud y sus prioridades.
La salud es un derecho fundamental de todo ser humano que hoy está al alcance de los españoles. Para que las generaciones futuras puedan disfrutar de este legado, los pacientes también deben asumir sus obligaciones como usuarios y los profesionales deben fomentar el uso responsable del sistema y buscar su sostenibilidad. La clave, como siempre, está en la educación.
El sistema sanitario hispano, es el servicio público mejor valorado por los españoles, por su universalidad y por estar organizado con criterios de equidad y de igualdad. Pero su mal uso puede disminuir o poner en riesgo su calidad.
La falta de concienciación sobre el alto costo de los servicios sanitarios es el mal endógeno del sistema de salud español. Según un reciente estudio realizado por la compañía McKinsey, una de cada tres visitas al médico de familia son innecesarias y cerca de la mitad de las urgencias no son tales. Las consecuencias de este abuso del sistema son claras: la sobrecarga de los centros de salud y el derroche de los fondos de las arcas públicas en pruebas y tratamientos innecesarios.
El paciente español ya no acude a la consulta con la confianza en los conocimientos y el criterio científico del doctor. Al contrario. Él mismo ha diagnosticado su supuesta dolencia tras leer un artículo en una revista, visitar un foro en internet o ver un comentario en Twitter y exige unas pruebas y un tratamiento concretos. Si, tras la exploración, el médico no le “obsequia” con la ansiada receta, el paciente considerará que no ha recibido el trato que merece y que el doctor que le ha atendido no es un auténtico profesional. La sostenibilidad, el uso responsable del sistema sanitario y los riesgos del incremento de la resistencia bacteriana por el abuso de los antibióticos le traen sin cuidado. Él paga sus impuestos y merece que todos los recursos estén a su disposición, aunque su dolencia no sea más que una simple gripe estacional.
Pero no sólo los pacientes utilizan los servicios sanitarios de un modo irresponsable. Según el informe McKinsey, los profesionales no siempre emplean de modo eficiente los recursos de los que disponen. Así lo demuestran las diferencias regionales en cuanto a pruebas diagnósticas, que son de hasta 3 veces para el TAC, de 5 para la resonancia magnética o de más de 7 para las mamografías.
El gasto farmacéutico español, un 40 por ciento superior al de países como Dinamarca, Reino Unido o Portugal, también corrobora esta aseveración. Según la plataforma No Gracias, la mayoría de los medicamentos prescritos pertenecen a empresas farmacéuticas consolidadas y son mucho más caros que los genéricos, que sólo se recetan en el 12 por ciento de los casos.
Sin embargo, ejemplos como el de la sanidad cubana han demostrado que es posible configurar un servicio de salud eficaz sin contar con grandes recursos. Según la revista Science, un reciente estudio realizado en la Universidad de Stanford demuestra que el sistema sanitario cubano no tiene nada que envidiar al de los países ricos. A pesar del bloqueo al que se ha visto sometida la isla durante cincuenta años, la esperanza de vida, la cantidad de médicos per cápita, el porcentaje de población vacunada y el índice de mortalidad infantil son los mejores de entre los países latinoamericanos. Esto ha sido posible gracias a una serie de medidas en las que se busca potenciar la prevención en vez de centrarse en los medicamentos y en las costosas pruebas diagnósticas. Para ello, se ha impulsado la educación sanitaria de la población, con el fin de que ésta sea menos dependiente de los fármacos, y se ha creado una buena red de centos de atención primaria, que asumen las enfermedades más frecuentes y de más fácil solución y recogen las necesidades de la población, sus deseos en temas de salud y sus prioridades.
La salud es un derecho fundamental de todo ser humano que hoy está al alcance de los españoles. Para que las generaciones futuras puedan disfrutar de este legado, los pacientes también deben asumir sus obligaciones como usuarios y los profesionales deben fomentar el uso responsable del sistema y buscar su sostenibilidad. La clave, como siempre, está en la educación.
domingo, 25 de abril de 2010
El negocio de la salud
La malaria, la tuberculosis, el sida infantil o la enfermedad de Chagas son patologías para las que existen tratamientos. Sin embargo, cerca de 8.000 personas mueren al día por falta de atención sanitaria y por no poder acceder a los medicamentos que podrían curarles.
A través de la exposición fotográfica itinerante Voces contra el olvido, Médicos Sin Fronteras denuncia en estos días la falta de voluntad política y de investigación farmacéutica para erradicar estas patologías. Son las grandes olvidadas de la industria de los medicamentos, para la que la salud se ha convertido en una mercancía que genera importantes ganancias, pero sólo cuando se orienta a sus potenciales compradores, los países ricos.
Según la OMS, diez millones de niños mueren al año en los países empobrecidos a consecuencia de enfermedades curables. Mientras, la industria farmacéutica vuelve la cara. Las grandes transnacionales, que controlan el 85% de la producción mundial de fármacos, impiden a través de las patentes y las leyes de propiedad intelectual que durante años se puedan producir y comercializar productos genéricos, más baratos. Cuando el tiempo de protección de la patente finaliza, la empresa inventora debe hacer públicas las pesquisas para que otros laboratorios puedan fabricar los fármacos. Sin embargo, evaden dicha obligación alegando la necesidad de emprender nuevas investigaciones para mejorar sus productos y servir a la humanidad.
La realidad es que las compañías farmacéuticas están más preocupadas por tener un balance positivo a final de año que por salvar vidas. El 90% del presupuesto que dedican a la investigación y al desarrollo de nuevos fármacos, se concentra sólo en el 10% de la población mundial y se orienta a paliar los síntomas de las patologías y no a erradicar las causas. Y esto en el mejor de los casos, ya que los mayores ingresos los obtienen con la venta de drogas parareducir el peso corporal, dominar el estrés o acabar con la calvicie, es decir, para la gente sana de los países ricos.
Desde hace años, médicos de todo el mundo denuncian la falta de ética de las grandes empresas, que no tratan de curar enfermedades, sino de lucrarse con la comercialización de medicamentos, con los que se generan patologías crónicas, y con la amenaza de epidemias mortíferas. Al respecto, cabe recordar el pánico generado a escala mundial el año pasado por estas mismas fechas a consecuencia de la detección del virus H1N1, causante de la conocida como gripe A, que resultó ser menos mortífera que la gripe estacional. Un negocio redondo para la industria farmacéutica, que vendió millones de dosis de una vacuna que se ha demostrado innecesaria.
El polémico doctor Matthias Rath, que se autoproclama como el descubridor de la verdadera causa de las enfermedades cardiovasculares y de otras patologias crónicas, es uno de los mayores detractores de la actividad de las grandes transnacionales del medicamento. “El Mayor obstáculo para mejorar la salud de los seres humanos es la propia industria farmacéutica como negocio de inversión motivado por la expansión de las enfermedades”, afirma. Según él, patologías tan comunes como las enfermedades coronarias, los infartos de miocardio, la hipertensión arterial, el cáncer o el sida, podrían haberse prevenido o erradicado mediante el uso de tratamientos alternativos que optimizan el metabolismo celular.
Matthías Rath cuestiona también la comercialización de grupos de fármacos con conocidos efectos secundarios, nocivos para la salud, con los que se generan nuevas enfermedades. Medicamentos tan conocidos como la aspirina (que produce úlceras intestinales y hemorrágia gastrointestinal), los antiinflamatorios (que destruyen el tejido conjuntivo) o los fármacos para reducir el colesterol (que en las dosis actuales provocan cáncer), se comercializan masivamente en nuestras sociedades “avanzadas”, que son las que se pueden permitir pagarlos.
La salud, al igual que la alimentación o la educación es un derecho fundamental de todo se humano, por encima de su raza, religión o posición social, y por ello se ha declarado como un objetivo del milenio. Es hora de plantear acciones y estrategias de modo global para erradicar las enfermedades del olvido y mejorar la calidad de vida de los países empobrecidos. Ante la muerte masiva de millones de personas por la codicia de unos pocos, no vale mirar a otro lado.
A través de la exposición fotográfica itinerante Voces contra el olvido, Médicos Sin Fronteras denuncia en estos días la falta de voluntad política y de investigación farmacéutica para erradicar estas patologías. Son las grandes olvidadas de la industria de los medicamentos, para la que la salud se ha convertido en una mercancía que genera importantes ganancias, pero sólo cuando se orienta a sus potenciales compradores, los países ricos.
Según la OMS, diez millones de niños mueren al año en los países empobrecidos a consecuencia de enfermedades curables. Mientras, la industria farmacéutica vuelve la cara. Las grandes transnacionales, que controlan el 85% de la producción mundial de fármacos, impiden a través de las patentes y las leyes de propiedad intelectual que durante años se puedan producir y comercializar productos genéricos, más baratos. Cuando el tiempo de protección de la patente finaliza, la empresa inventora debe hacer públicas las pesquisas para que otros laboratorios puedan fabricar los fármacos. Sin embargo, evaden dicha obligación alegando la necesidad de emprender nuevas investigaciones para mejorar sus productos y servir a la humanidad.
La realidad es que las compañías farmacéuticas están más preocupadas por tener un balance positivo a final de año que por salvar vidas. El 90% del presupuesto que dedican a la investigación y al desarrollo de nuevos fármacos, se concentra sólo en el 10% de la población mundial y se orienta a paliar los síntomas de las patologías y no a erradicar las causas. Y esto en el mejor de los casos, ya que los mayores ingresos los obtienen con la venta de drogas parareducir el peso corporal, dominar el estrés o acabar con la calvicie, es decir, para la gente sana de los países ricos.
Desde hace años, médicos de todo el mundo denuncian la falta de ética de las grandes empresas, que no tratan de curar enfermedades, sino de lucrarse con la comercialización de medicamentos, con los que se generan patologías crónicas, y con la amenaza de epidemias mortíferas. Al respecto, cabe recordar el pánico generado a escala mundial el año pasado por estas mismas fechas a consecuencia de la detección del virus H1N1, causante de la conocida como gripe A, que resultó ser menos mortífera que la gripe estacional. Un negocio redondo para la industria farmacéutica, que vendió millones de dosis de una vacuna que se ha demostrado innecesaria.
El polémico doctor Matthias Rath, que se autoproclama como el descubridor de la verdadera causa de las enfermedades cardiovasculares y de otras patologias crónicas, es uno de los mayores detractores de la actividad de las grandes transnacionales del medicamento. “El Mayor obstáculo para mejorar la salud de los seres humanos es la propia industria farmacéutica como negocio de inversión motivado por la expansión de las enfermedades”, afirma. Según él, patologías tan comunes como las enfermedades coronarias, los infartos de miocardio, la hipertensión arterial, el cáncer o el sida, podrían haberse prevenido o erradicado mediante el uso de tratamientos alternativos que optimizan el metabolismo celular.
Matthías Rath cuestiona también la comercialización de grupos de fármacos con conocidos efectos secundarios, nocivos para la salud, con los que se generan nuevas enfermedades. Medicamentos tan conocidos como la aspirina (que produce úlceras intestinales y hemorrágia gastrointestinal), los antiinflamatorios (que destruyen el tejido conjuntivo) o los fármacos para reducir el colesterol (que en las dosis actuales provocan cáncer), se comercializan masivamente en nuestras sociedades “avanzadas”, que son las que se pueden permitir pagarlos.
La salud, al igual que la alimentación o la educación es un derecho fundamental de todo se humano, por encima de su raza, religión o posición social, y por ello se ha declarado como un objetivo del milenio. Es hora de plantear acciones y estrategias de modo global para erradicar las enfermedades del olvido y mejorar la calidad de vida de los países empobrecidos. Ante la muerte masiva de millones de personas por la codicia de unos pocos, no vale mirar a otro lado.
lunes, 19 de abril de 2010
Sudáfrica, paradigma del perdón
14/04/10
Cañizal Sardón, Sara
La muerte del dirigente ultraconservador y defensor de la supremacía blanca en Sudáfrica, Eugène Terreblanche, a manos de dos trabajadores negros, ha hecho temer que se reavive la tensión racial en el país. Pocos han caído en la cuenta de que, del mismo modo que existen infinitos ejemplos de sonadas meteduras de pata de la humanidad, por suerte también hay grandes paradigmas de sus aciertos. Y Sudáfrica es uno de ellos.
Desde que en 1991 se erradicase el apartheid, Sudáfrica ha sido un modelo de la integración racial entre blancos y negros y paradigma de cómo se puede resolver un conflicto armado de modo pacífico. Lejos han quedado aquellos tiempos en los que los negros y los blancos no podían viajar en los mismos autobuses, residir en las mismas zonas, pasear por las mismas playas u optar a los mismos trabajos. Hoy, en Sudáfrica, el tema del color de la piel se ha convertido en algo irrelevante a la hora de alcanzar las metas personales. Pero lo más sorprendente es que, como cuenta John Carlin, periodista y escritor que vivió seis años en Sudáfrica, a pesar de los desmanes cometidos por los blancos, no existe racismo entre los negros.
Si bien hace un par de años el asesinato de Terreblanch hubiese pasado desapercibido, no es de extrañar que ahora haya levantado tal revuelo. Como siempre tiene que aparecer alguna oveja negra en el rebaño, hace semanas, el presidente de las juventudes del Congreso Nacional Africano (ANC), Julius Malema, en un acto de insensatez suprema, recuperó una canción según él tradicional, sin repercusión o interpretación literal, que llama a “matar al boer”, es decir, al terrateniente blanco. Sus afirmaciones no pudieron ser más desafortunadas. La oposición consideró que con dicha canción se instaba a la violencia racial y hace un par de semanas los tribunales la prohibieron por anticonstitucional.
Haya tenido o no que ver el asesinato de Terreblanche con la canción, lo cierto es que ha levantado ampollas entre la población blanca más extremista y siempre a punto para sumarse al carro de la confrontación. El diario El País informa de que nada más conocerse la noticia en Ventersdorp, la localidad donde residía Terreblanche, comenzó a circular un coche con el cartel “Odio a los negros” y desde el partido Movimiento de Resistencia Afrikaner empezó a caldearse el ambiente. Su secretario, André Visagie recordó los 3.000 asesinatos de agricultores blancos desde el fin del apartheid, hizo una declaración de guerra, llamó a los agricultores blancos a armarse y prometió vengar la muerte de su líder.
Entre los sectores más alarmistas, la Sudáfrica de Mandela, que puso fin a la segregación racial con un llamamiento a la sensatez y a los sentimientos más nobles de los ciudadanos, estaba en peligro. La situación era alarmante y, por ello, el presidente del Gobierno, Jacob Zuma, hizo una inusual declaración en la televisión con la que intentó aplacar los ánimos de los ciudadanos.
Más valdría, en cambio, que se preocupase de parar los pies al mediático Julius Malema, que encarna justo lo que Terreblanche buscaba impedir: el enriquecimiento y el ascenso político de los negros. Si en la actualidad sus afirmaciones racistas y sus provocaciones violentas obtienen el rechazo de la inmensa mayoría de la población sudafricana, lo cierto es que si llegase a consolidarse su ideario no tendrían nada de descabellados aquellos pronósticos pesimistas y agoreros en Sudáfrica.
Malema y Terreblanche. Sudáfrica tiene dos buenos ejemplos de lo que debe erradicar si no quiere repetir su propia historia: los grupos minoritarios y extremistas que promueven el odio racial, que fomentan la violencia y que pretenden “exhumar” a los muertos enterrados hace décadas bajo el signo del perdón. Sudáfrica no tiene que buscar lejos, sino seguir el reflejo de sí misma. Hoy en día es el modelo en el que deberían mirarse un buen número de naciones.
Cañizal Sardón, Sara
La muerte del dirigente ultraconservador y defensor de la supremacía blanca en Sudáfrica, Eugène Terreblanche, a manos de dos trabajadores negros, ha hecho temer que se reavive la tensión racial en el país. Pocos han caído en la cuenta de que, del mismo modo que existen infinitos ejemplos de sonadas meteduras de pata de la humanidad, por suerte también hay grandes paradigmas de sus aciertos. Y Sudáfrica es uno de ellos.
Desde que en 1991 se erradicase el apartheid, Sudáfrica ha sido un modelo de la integración racial entre blancos y negros y paradigma de cómo se puede resolver un conflicto armado de modo pacífico. Lejos han quedado aquellos tiempos en los que los negros y los blancos no podían viajar en los mismos autobuses, residir en las mismas zonas, pasear por las mismas playas u optar a los mismos trabajos. Hoy, en Sudáfrica, el tema del color de la piel se ha convertido en algo irrelevante a la hora de alcanzar las metas personales. Pero lo más sorprendente es que, como cuenta John Carlin, periodista y escritor que vivió seis años en Sudáfrica, a pesar de los desmanes cometidos por los blancos, no existe racismo entre los negros.
Si bien hace un par de años el asesinato de Terreblanch hubiese pasado desapercibido, no es de extrañar que ahora haya levantado tal revuelo. Como siempre tiene que aparecer alguna oveja negra en el rebaño, hace semanas, el presidente de las juventudes del Congreso Nacional Africano (ANC), Julius Malema, en un acto de insensatez suprema, recuperó una canción según él tradicional, sin repercusión o interpretación literal, que llama a “matar al boer”, es decir, al terrateniente blanco. Sus afirmaciones no pudieron ser más desafortunadas. La oposición consideró que con dicha canción se instaba a la violencia racial y hace un par de semanas los tribunales la prohibieron por anticonstitucional.
Haya tenido o no que ver el asesinato de Terreblanche con la canción, lo cierto es que ha levantado ampollas entre la población blanca más extremista y siempre a punto para sumarse al carro de la confrontación. El diario El País informa de que nada más conocerse la noticia en Ventersdorp, la localidad donde residía Terreblanche, comenzó a circular un coche con el cartel “Odio a los negros” y desde el partido Movimiento de Resistencia Afrikaner empezó a caldearse el ambiente. Su secretario, André Visagie recordó los 3.000 asesinatos de agricultores blancos desde el fin del apartheid, hizo una declaración de guerra, llamó a los agricultores blancos a armarse y prometió vengar la muerte de su líder.
Entre los sectores más alarmistas, la Sudáfrica de Mandela, que puso fin a la segregación racial con un llamamiento a la sensatez y a los sentimientos más nobles de los ciudadanos, estaba en peligro. La situación era alarmante y, por ello, el presidente del Gobierno, Jacob Zuma, hizo una inusual declaración en la televisión con la que intentó aplacar los ánimos de los ciudadanos.
Más valdría, en cambio, que se preocupase de parar los pies al mediático Julius Malema, que encarna justo lo que Terreblanche buscaba impedir: el enriquecimiento y el ascenso político de los negros. Si en la actualidad sus afirmaciones racistas y sus provocaciones violentas obtienen el rechazo de la inmensa mayoría de la población sudafricana, lo cierto es que si llegase a consolidarse su ideario no tendrían nada de descabellados aquellos pronósticos pesimistas y agoreros en Sudáfrica.
Malema y Terreblanche. Sudáfrica tiene dos buenos ejemplos de lo que debe erradicar si no quiere repetir su propia historia: los grupos minoritarios y extremistas que promueven el odio racial, que fomentan la violencia y que pretenden “exhumar” a los muertos enterrados hace décadas bajo el signo del perdón. Sudáfrica no tiene que buscar lejos, sino seguir el reflejo de sí misma. Hoy en día es el modelo en el que deberían mirarse un buen número de naciones.
Hipocresía clerical
06/04/10
Recientemente The New York Times ha informado de que mientras Ratzinger era obispo de Munich podría haber permitido la vuelta a la actividad pastoral de un sacerdote tras finalizar un tratamiento para superar su pedofilia.
Las especulaciones del diario no han podido ser demostradas pero, más allá de la veracidad de los hechos, se pone de manifiesto el modo de proceder habitual de la Iglesia: correr un tupido velo sobre lo que le interesa ocultar. Luego, si el asunto sale a la luz, ya se encontrará algo para desviar la atención.
Cientos de niños fueron sometidos a abusos sexuales mientras la institución que pretende erigirse como autoridad moral de la humanidad miraba para otro lado. De nada han servido todas las medidas que el Derecho Canónico promueve desde 1917 y que fueron actualizadas por Juan Pablo II en 1983. Tampoco parece que los escándalos acontecidos en EE UU hayan tenido ninguna repercusión real entre el clero, que procuró siempre acallar las críticas mediante la ocultación de los “religiosos” pecadores.
Ahora, cuando los fieles de las cada vez más vacías iglesias se llevan las manos a la cabeza, Benedicto XVI calla de nuevo y la jerarquía católica habla de otra cosa: de la existencia de un “temporal antieclesial y anticlerical” y de una campaña de desprestigio para “manchar al Papa”.
El Domingo de Resurrección, el cardenal Ángelo Sodano se saltó el protocolo que llevaba inalterable más de dos mil años y salió en defensa del Papa en la plaza de San Pedro. Le recordó que no está solo y que los fieles “no se dejan impresionar por las murmuraciones del momento”. Lo que parece ser, más bien, una manifestación pública de sus deseos como maquinaria empresarial.
No queda muy clara cuál será la reacción de los católicos, aunque parece observarse cierto hastío ante tanta hipocresía y una incipiente reacción contra las opiniones vertidas por el estamento que, a pesar de su voto de castidad, ha emprendido una auténtica cruzada contra el preservativo y los matrimonios homosexuales y que ahora intenta pasar por faltas leves los pecados de sus sacerdotes pedófilos.
Si la iglesia pretende llenar de nuevo sus iglesias de fieles, debería manifestar su clara voluntad de esclarecer los hechos y de colaborar con la justicia terrenal. La divina en estos casos, se ha mostrado insuficiente.
Recientemente The New York Times ha informado de que mientras Ratzinger era obispo de Munich podría haber permitido la vuelta a la actividad pastoral de un sacerdote tras finalizar un tratamiento para superar su pedofilia.
Las especulaciones del diario no han podido ser demostradas pero, más allá de la veracidad de los hechos, se pone de manifiesto el modo de proceder habitual de la Iglesia: correr un tupido velo sobre lo que le interesa ocultar. Luego, si el asunto sale a la luz, ya se encontrará algo para desviar la atención.
Cientos de niños fueron sometidos a abusos sexuales mientras la institución que pretende erigirse como autoridad moral de la humanidad miraba para otro lado. De nada han servido todas las medidas que el Derecho Canónico promueve desde 1917 y que fueron actualizadas por Juan Pablo II en 1983. Tampoco parece que los escándalos acontecidos en EE UU hayan tenido ninguna repercusión real entre el clero, que procuró siempre acallar las críticas mediante la ocultación de los “religiosos” pecadores.
Ahora, cuando los fieles de las cada vez más vacías iglesias se llevan las manos a la cabeza, Benedicto XVI calla de nuevo y la jerarquía católica habla de otra cosa: de la existencia de un “temporal antieclesial y anticlerical” y de una campaña de desprestigio para “manchar al Papa”.
El Domingo de Resurrección, el cardenal Ángelo Sodano se saltó el protocolo que llevaba inalterable más de dos mil años y salió en defensa del Papa en la plaza de San Pedro. Le recordó que no está solo y que los fieles “no se dejan impresionar por las murmuraciones del momento”. Lo que parece ser, más bien, una manifestación pública de sus deseos como maquinaria empresarial.
No queda muy clara cuál será la reacción de los católicos, aunque parece observarse cierto hastío ante tanta hipocresía y una incipiente reacción contra las opiniones vertidas por el estamento que, a pesar de su voto de castidad, ha emprendido una auténtica cruzada contra el preservativo y los matrimonios homosexuales y que ahora intenta pasar por faltas leves los pecados de sus sacerdotes pedófilos.
Si la iglesia pretende llenar de nuevo sus iglesias de fieles, debería manifestar su clara voluntad de esclarecer los hechos y de colaborar con la justicia terrenal. La divina en estos casos, se ha mostrado insuficiente.
DETENCIONES ILEGALES
DETENCIONES ILEGALES
25/03/2010
Sara Cañizal Sardón
Desde hace meses, diversos colectivos de inmigrantes y el propio Sindicato Unificado de la Policía están denunciando las redadas masivas e injustificadas de extranjeros promovidas por una circular de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. El Ministerio de Interior, en el que ahora impera la ley del silencio, afirmó desconocer la existencia de dicho documento, y defiende estas actuaciones que no se “separan ni un milímetro” de la normativa de extranjería y están avaladas por la Ley de Seguridad Ciudadana.
Sin embargo, la legalidad de dicha circular se pone en entredicho tras conocerse que varios policías han sido expulsados del cuerpo por practicar detenciones ilegales al cumplir las órdenes de sus superiores.
El Gobierno vuelve a dar muestras de su hipócrita política social, que cambia al compás de los tiempos. Tras regularizar la situacion de miles de inmigrantes en 2004, ahora que los puestos de trabajo escasean, que la inmigración no contribuye al crecimiento económico y que las cifras del paro continúan aumentando, los extranjeros se han convertido en un problema al que hay que dar una solución. Tras endurecer la Ley de Extranjería y lanzar el “Plan de Retorno Voluntario”, el Gobierno aboga por saltarse la legislación vigente y defiende prácticas anticonstitucionales en contra de los Derechos humanos.
Resulta ahora cuando menos irónico recordar que algunos colectivos inmigrantes propusieron a José Luis Rodríguez Zapatero como aspirante al Nobel de la Paz 2008 por su carácter humanista y defensor de los derechos de los ciudadanos. Convendría ahora que el Presidente del Gobierno repasase las afirmaciones que realizó por aquel entonces. “Los inmigrantes contribuyen a nuestra riqueza económica, social y cultural, además de jugar un papel fundamental en la sostenibilidad del modelo social y del sistema de pensiones”, afirmó.
Que el Gobierno que presume de su excelente política social defienda actitudes xenófobas es, cuando menos, alarmante y puede impusar una respuesta racista en la sociedad. La expulsión de los extranjeros no es la solución a la crisis, sino un modo de desviar la atención de una inadecuada política económica y de buscar la aprobación de los españoles con fines electorales. Más valdría que el Gobieno dedicase todas sus fuerzas a solucionar los problemas reales, en lugar de crear otros nuevos.
25/03/2010
Sara Cañizal Sardón
Desde hace meses, diversos colectivos de inmigrantes y el propio Sindicato Unificado de la Policía están denunciando las redadas masivas e injustificadas de extranjeros promovidas por una circular de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. El Ministerio de Interior, en el que ahora impera la ley del silencio, afirmó desconocer la existencia de dicho documento, y defiende estas actuaciones que no se “separan ni un milímetro” de la normativa de extranjería y están avaladas por la Ley de Seguridad Ciudadana.
Sin embargo, la legalidad de dicha circular se pone en entredicho tras conocerse que varios policías han sido expulsados del cuerpo por practicar detenciones ilegales al cumplir las órdenes de sus superiores.
El Gobierno vuelve a dar muestras de su hipócrita política social, que cambia al compás de los tiempos. Tras regularizar la situacion de miles de inmigrantes en 2004, ahora que los puestos de trabajo escasean, que la inmigración no contribuye al crecimiento económico y que las cifras del paro continúan aumentando, los extranjeros se han convertido en un problema al que hay que dar una solución. Tras endurecer la Ley de Extranjería y lanzar el “Plan de Retorno Voluntario”, el Gobierno aboga por saltarse la legislación vigente y defiende prácticas anticonstitucionales en contra de los Derechos humanos.
Resulta ahora cuando menos irónico recordar que algunos colectivos inmigrantes propusieron a José Luis Rodríguez Zapatero como aspirante al Nobel de la Paz 2008 por su carácter humanista y defensor de los derechos de los ciudadanos. Convendría ahora que el Presidente del Gobierno repasase las afirmaciones que realizó por aquel entonces. “Los inmigrantes contribuyen a nuestra riqueza económica, social y cultural, además de jugar un papel fundamental en la sostenibilidad del modelo social y del sistema de pensiones”, afirmó.
Que el Gobierno que presume de su excelente política social defienda actitudes xenófobas es, cuando menos, alarmante y puede impusar una respuesta racista en la sociedad. La expulsión de los extranjeros no es la solución a la crisis, sino un modo de desviar la atención de una inadecuada política económica y de buscar la aprobación de los españoles con fines electorales. Más valdría que el Gobieno dedicase todas sus fuerzas a solucionar los problemas reales, en lugar de crear otros nuevos.
martes, 16 de marzo de 2010
Doble rasero nuclear
“Yo sí. Tú no”. Este es el mensaje que EE UU ha enviado a Irán. Obama anunció hace un par de semanas que destinará ocho mil millones de dólares para construir dos reactores nucleares, mientras, por otro lado, busca apoyo para sancionar a Irán por su programa nuclear en el Consejo de Seguridad de la ONU. La polémica está servida.
En el mundo, hay ocho países que han logrado explosionar de modo satisfactorio bombas nucleares, pero solo cinco son considerados como nuclearmente armados: Rusia, Reino Unido, Francia, China y Estados Unidos. Éste último, que ahora clama al cielo por el programa nuclear del país persa, es precisamente el Estado con más armas de destrucción masiva y el único que ha detonado dos bombas nucleares. Por eso las prohibiciones que Obama hace a Irán deben parecerle una broma a Mahmud Amadineyad.
Irán, que inició su programa nuclear de la mano de Estados Unidos, en 1957, le echa un pulso a los norteamericanos y tiene en vilo a toda la comunidad internacional. Aunque insiste en que su intención es generar energía nuclear con fines pacíficos, carece de credibilidad desde que, en 2002, la oposición iraní en el exilio denunciase la existencia de un programa paralelo orientado a crear armas atómicas. El último informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) no es tranquilizador al respecto: “La información disponible suscita cierta preocupación sobre la posible existencia en Irán de actividades pasadas o actuales no reveladas vinculadas al desarrollo de una carga explosiva nuclear para un misil”. Además, se confirma que Irán produjo uranio enriquecido al 20%, el mayor nivel producido hasta la fecha.
La crisis nuclear parece no haber hecho sino empezar y en ella no hay ningún bando digno de confianza. Como si el mundo fuese incapaz de apreciar su incongruencia, Obama nos informa de que su nuevo programa nuclear es sólo el comienzo. “Mi presupuesto propone triplicar las garantías para préstamos para ayudar a financiar instalaciones nucleares limpias y seguras", explica. Al parecer su intención es satisfacer su necesidad creciente de energía e impedir las peores consecuencias del cambio climático. Y, de pasada, menciona la ventaja tomada por "Japón y Francia, que han invertido mucho en energía nuclear desde hace tiempo. En estos momentos hay 56 reactores en construcción en todo el mundo: 21 en China, 6 en Corea del Sur y 5 en India". ¿Por qué ninguno de estos países ha sido sancionado? ¿Quién ha decidido que estos Gobiernos no van a emplear sus investigaciones con fines bélicos? ¿Qué credibilidad puede tener el país que creó los desastres de Hiroshima y Nagasaki y tiene actualmente dos guerras abiertas?
Eso mismo debe de pensar Mahmud Amadineyad, que lanza cada vez menos veladas amenazas al otro protagonista de esta historia: “Nosotros no estamos buscando la bomba atómica, porque nuestra bomba real es el pueblo, y si ustedes (las potencias mundiales) intentan causarnos daño, este mismo pueblo les aplastará”.
A Estados Unidos, siempre presto a intervenir en riñas y vendettas, no paran de abrírsele frentes, hasta ahora más reales que el iraní. El último, en la República Popular Democrática de Corea, que ha informado que lanzará un poderoso ataque militar si el gobierno estadounidense y la República de Corea sostienen ejercicios conjuntos y “destruirá sin piedad la agresión movilizando todos los medios ofensivos y defensivos, incluida la disuasión nuclear”, según la agencia de noticias KCNA.
La amenaza nuclear es un hecho. Así lo afirma Gareth Evans, copresidente de la Comisión Internacional para el Desarme Nuclear y la No-Proliferación (ICNND). “Las posibilidades son reales”, afirma. “Es pura carambola que hayamos sobrevivido como mundo a una catástrofe nuclear mayúscula desde 1945. No se debe a los resultados de una política acertada, o cualquier otra cosa que no sea pura buena suerte”.
Que los dirigentes del mundo dejen en manos de la fortuna la tarea de decidir si la humanidad sigue poblando la tierra es una absoluta irresponsabilidad. Es hora de buscar soluciones reales a la crisis energética y emprender un diálogo internacional que conduzca al desarme nuclear. No olvidemos algo importante: Todos los pueblos quieren vivir en paz. No hacen falta líderes para abanderar esta causa.
En el mundo, hay ocho países que han logrado explosionar de modo satisfactorio bombas nucleares, pero solo cinco son considerados como nuclearmente armados: Rusia, Reino Unido, Francia, China y Estados Unidos. Éste último, que ahora clama al cielo por el programa nuclear del país persa, es precisamente el Estado con más armas de destrucción masiva y el único que ha detonado dos bombas nucleares. Por eso las prohibiciones que Obama hace a Irán deben parecerle una broma a Mahmud Amadineyad.
Irán, que inició su programa nuclear de la mano de Estados Unidos, en 1957, le echa un pulso a los norteamericanos y tiene en vilo a toda la comunidad internacional. Aunque insiste en que su intención es generar energía nuclear con fines pacíficos, carece de credibilidad desde que, en 2002, la oposición iraní en el exilio denunciase la existencia de un programa paralelo orientado a crear armas atómicas. El último informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) no es tranquilizador al respecto: “La información disponible suscita cierta preocupación sobre la posible existencia en Irán de actividades pasadas o actuales no reveladas vinculadas al desarrollo de una carga explosiva nuclear para un misil”. Además, se confirma que Irán produjo uranio enriquecido al 20%, el mayor nivel producido hasta la fecha.
La crisis nuclear parece no haber hecho sino empezar y en ella no hay ningún bando digno de confianza. Como si el mundo fuese incapaz de apreciar su incongruencia, Obama nos informa de que su nuevo programa nuclear es sólo el comienzo. “Mi presupuesto propone triplicar las garantías para préstamos para ayudar a financiar instalaciones nucleares limpias y seguras", explica. Al parecer su intención es satisfacer su necesidad creciente de energía e impedir las peores consecuencias del cambio climático. Y, de pasada, menciona la ventaja tomada por "Japón y Francia, que han invertido mucho en energía nuclear desde hace tiempo. En estos momentos hay 56 reactores en construcción en todo el mundo: 21 en China, 6 en Corea del Sur y 5 en India". ¿Por qué ninguno de estos países ha sido sancionado? ¿Quién ha decidido que estos Gobiernos no van a emplear sus investigaciones con fines bélicos? ¿Qué credibilidad puede tener el país que creó los desastres de Hiroshima y Nagasaki y tiene actualmente dos guerras abiertas?
Eso mismo debe de pensar Mahmud Amadineyad, que lanza cada vez menos veladas amenazas al otro protagonista de esta historia: “Nosotros no estamos buscando la bomba atómica, porque nuestra bomba real es el pueblo, y si ustedes (las potencias mundiales) intentan causarnos daño, este mismo pueblo les aplastará”.
A Estados Unidos, siempre presto a intervenir en riñas y vendettas, no paran de abrírsele frentes, hasta ahora más reales que el iraní. El último, en la República Popular Democrática de Corea, que ha informado que lanzará un poderoso ataque militar si el gobierno estadounidense y la República de Corea sostienen ejercicios conjuntos y “destruirá sin piedad la agresión movilizando todos los medios ofensivos y defensivos, incluida la disuasión nuclear”, según la agencia de noticias KCNA.
La amenaza nuclear es un hecho. Así lo afirma Gareth Evans, copresidente de la Comisión Internacional para el Desarme Nuclear y la No-Proliferación (ICNND). “Las posibilidades son reales”, afirma. “Es pura carambola que hayamos sobrevivido como mundo a una catástrofe nuclear mayúscula desde 1945. No se debe a los resultados de una política acertada, o cualquier otra cosa que no sea pura buena suerte”.
Que los dirigentes del mundo dejen en manos de la fortuna la tarea de decidir si la humanidad sigue poblando la tierra es una absoluta irresponsabilidad. Es hora de buscar soluciones reales a la crisis energética y emprender un diálogo internacional que conduzca al desarme nuclear. No olvidemos algo importante: Todos los pueblos quieren vivir en paz. No hacen falta líderes para abanderar esta causa.
sábado, 20 de febrero de 2010
Biocombustibles, la “panacea” energética
Primero fueron el maíz, la soja y la caña de azúcar los encargados de solucionar la crisis energética y frenar el calentamiento global. Después le llegó el turno a las algas. Los biocombustibles, que por un momento se consideraron la panacea sin contraindicaciones para compatibilizar desarrollo con medio ambiente, aún no han encontrado su ingrediente mágico. ¿Será posible producir energía sin desventajas?
Los biocombustibles son una fuente de energía renovable obtenida a partir de restos orgánicos. Su generalización no requiere grandes cambios tecnológicos ni modificaciones en el sistema de distribución, motivo por el que en principio parecieron ser la solución para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, en teoría mucho más contaminantes, y lograr una mayor seguridad energética.
A la vista de todos estos beneficios, el mundo entero se ha volcado en su producción y desarrollo. Brasil, el primer país en utilizarlos, ideó hace ya treinta años un plan para reducir su dependencia del petróleo y ahora tiene excedentes de etanol producido mediante caña de azúcar. Estados Unidos y la Unión Europea elaboraron proyectos para aumentar su fabricación y reducir las emisiones de gases invernadero.
Sin embargo, varios estudios demostraron que los biocombustibles no son tan "verdes" como se creía. La Agencia para el Fomento de la Protección Ambiental considera que agravan la deforestación, disminuyen la biodiversidad y provocan el agotamiento acelerado de los recursos naturales. Además, contribuyen a la escasez de alimento y al aumento de los precios en las zonas más desfavorecidas del planeta.
La gran necesidad energética de Europa y EE UU implica la importación de biocombustibles de países empobrecidos y fomenta una gran injusticia: las tierras que pasan sed y hambre ceden sus cultivos a grandes compañías extranjeras y producen comida con el fin de generar energía para los países ricos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación denunció que a mediados de 2009 el número de personas con hambre en el mundo rebasó por primera vez los mil millones en la historia de la humanidad. Unas cifras estremecedoras que, como afirmó Pedro Medrano, director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Latinoamérica y Caribe, deben convertirse en el punto central de las políticas públicas para el desarrollo.
Ya en 2008, treinta ONGs africanas pidieron una moratoria de los nuevos desarrollos de agrocombustible en el continente y denunciaron que la aclamada revolución energética incrementará los precios de los cereales, la deforestación de la selva tropical o el desplazamiento de los pequeños agricultores por la entrada de grandes empresas.
“Un tanque de automóvil lleno de etanol utiliza la misma cantidad de granos que pueden alimentar a un niño durante un año. No entendemos cómo nuestros gobiernos pueden disponer alegremente de nuestro sustento, tierras y agua para satisfacer la dilapidación de combustible de los pudientes del Norte, cuando en casa ya enfrentamos problemas de seguridad alimentaria y destrucción medioambiental”, concluía su petición.
La seguridad alimentaria es, sin duda, el gran problema al que se enfrenta la humanidad. A los países desarrollados corresponde la tarea de conciliar las necesidades energéticas con las alimentarias. La esperanza está ahora puesta en los biocombustibles de segunda generación, para cuya elaboración se emplean desechos forestales y agrícolas (paja, madera o partes no comestibles de los cultivos), sin ningún valor... por ahora.
A finales de enero, la revista Nature sembró nuevamente la esperanza con el anuncio de que la manipulación de la bacteria Escherichia Coli puede generar dos tipos de biocombustible de alta energía a partir de azúcares simples. Los científicos de la Universidad de California consideran que esta alternativa de combustibles de nueva generación se puede hacer realidad fácilmente con otros microorganismos como Saccharomyces cerevisiae.
¿Son los biocombustibles la única solución al cambio climático? ¿La obtención de energía limpia es la única alternativa? Si bien es cierto que los avances tecnológicos son una parte fundamental del proceso, hay que recordar que no son la única. Para ello hay que emprender estrategias globales. Una de las más importantes será educar a población y cambiar los hábitos de la sociedad para fomentar el consumo responsable. Algunas soluciones al problema simplemente pasan por emplear bombillas de bajo consumo o usar los medios de transporte público.
Los biocombustibles son una fuente de energía renovable obtenida a partir de restos orgánicos. Su generalización no requiere grandes cambios tecnológicos ni modificaciones en el sistema de distribución, motivo por el que en principio parecieron ser la solución para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, en teoría mucho más contaminantes, y lograr una mayor seguridad energética.
A la vista de todos estos beneficios, el mundo entero se ha volcado en su producción y desarrollo. Brasil, el primer país en utilizarlos, ideó hace ya treinta años un plan para reducir su dependencia del petróleo y ahora tiene excedentes de etanol producido mediante caña de azúcar. Estados Unidos y la Unión Europea elaboraron proyectos para aumentar su fabricación y reducir las emisiones de gases invernadero.
Sin embargo, varios estudios demostraron que los biocombustibles no son tan "verdes" como se creía. La Agencia para el Fomento de la Protección Ambiental considera que agravan la deforestación, disminuyen la biodiversidad y provocan el agotamiento acelerado de los recursos naturales. Además, contribuyen a la escasez de alimento y al aumento de los precios en las zonas más desfavorecidas del planeta.
La gran necesidad energética de Europa y EE UU implica la importación de biocombustibles de países empobrecidos y fomenta una gran injusticia: las tierras que pasan sed y hambre ceden sus cultivos a grandes compañías extranjeras y producen comida con el fin de generar energía para los países ricos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación denunció que a mediados de 2009 el número de personas con hambre en el mundo rebasó por primera vez los mil millones en la historia de la humanidad. Unas cifras estremecedoras que, como afirmó Pedro Medrano, director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Latinoamérica y Caribe, deben convertirse en el punto central de las políticas públicas para el desarrollo.
Ya en 2008, treinta ONGs africanas pidieron una moratoria de los nuevos desarrollos de agrocombustible en el continente y denunciaron que la aclamada revolución energética incrementará los precios de los cereales, la deforestación de la selva tropical o el desplazamiento de los pequeños agricultores por la entrada de grandes empresas.
“Un tanque de automóvil lleno de etanol utiliza la misma cantidad de granos que pueden alimentar a un niño durante un año. No entendemos cómo nuestros gobiernos pueden disponer alegremente de nuestro sustento, tierras y agua para satisfacer la dilapidación de combustible de los pudientes del Norte, cuando en casa ya enfrentamos problemas de seguridad alimentaria y destrucción medioambiental”, concluía su petición.
La seguridad alimentaria es, sin duda, el gran problema al que se enfrenta la humanidad. A los países desarrollados corresponde la tarea de conciliar las necesidades energéticas con las alimentarias. La esperanza está ahora puesta en los biocombustibles de segunda generación, para cuya elaboración se emplean desechos forestales y agrícolas (paja, madera o partes no comestibles de los cultivos), sin ningún valor... por ahora.
A finales de enero, la revista Nature sembró nuevamente la esperanza con el anuncio de que la manipulación de la bacteria Escherichia Coli puede generar dos tipos de biocombustible de alta energía a partir de azúcares simples. Los científicos de la Universidad de California consideran que esta alternativa de combustibles de nueva generación se puede hacer realidad fácilmente con otros microorganismos como Saccharomyces cerevisiae.
¿Son los biocombustibles la única solución al cambio climático? ¿La obtención de energía limpia es la única alternativa? Si bien es cierto que los avances tecnológicos son una parte fundamental del proceso, hay que recordar que no son la única. Para ello hay que emprender estrategias globales. Una de las más importantes será educar a población y cambiar los hábitos de la sociedad para fomentar el consumo responsable. Algunas soluciones al problema simplemente pasan por emplear bombillas de bajo consumo o usar los medios de transporte público.
viernes, 22 de enero de 2010
El mal de chagas, el vampiro de los pobres
Pilar es una científica valenciana que ha descubierto el remedio para luchar contra el mal de Chagas, una enfermedad mortal que amenaza a 100 millones de personas en América Latina. En vez de explotar su patente, decide ser ella misma quien dirija los proyectos de erradicación de esta dolencia. Para ello, tendrá que sumergirse en las zonas más pobres de Bolivia, México y Argentina, luchar contra el recelo de los poderosos y el miedo y la ignorancia de los débiles. Este es el argumento del nuevo libro de la periodista y dramaturga Charo González Casas, El vampiro de los pobres, un relato que nada tiene de ficción. Su heroína es de carne y hueso y la enfermedad una triste realidad en América del Sur.
Pilar Mateo, Doctora en Ciencias Químicas por el CSIC, es hija de un fabricante de pinturas y barnices. Su actividad profesional e investigadora se inició vinculada a la empresa familiar, en la que creó un laboratorio de I+D, donde investigaba sistemas anticorrosivos e ignífugos aplicados a pinturas. La noticia del cierre de un hospital por la presencia de insectos en las paredes del quirófano marcó un punto de inflexión en su trayectoria profesional, que a partir de entonces daría un giro y se orientaría a la investigación de pinturas contra insectos en los países desarrollados. La enfermedad de Chagas (Tripanosomiasis americana) se cruzó con ella por casualidad, cuando, en 1995, un médico boliviano le pidió ayuda para combatir la dolencia que asolaba a su población. Desde entonces, combate esta patología, que afecta a entre 18 y 25 millones de personas en América Latina y provoca hasta 45.000 muertes anuales.
El mal de Chagas es una enfermedad tropical que se contrae a consecuencia de la picadura y deyección de un chinche, la vinchuca, infectado con el parásito Tripanosoma Cruzi. Una vez en la sangre, el parásito se reproduce en órganos vitales como el páncreas, el hígado y el corazón y provoca cardiopatías, embolias o infartos años más tarde. El sistema inmunitario no puede luchar contra este parásito y, a falta de vacunas, medicamentos o fumigaciones efectivos, la solución es controlar al transmisor de esta enfermedad.
Hace ya más de una década, Pilar Mateo desarrolló una pintura, Inesfly 5A Igr, que contiene un inhibidor de quitina -componente presente en el esqueleto de la vinchuca- que impide que este chinche crezca y se reproduzca. Para acabar con la enfermedad de Chagas, lo único que hay que hacer es pintar las casas afectadas con esta fórmula. Así lo hizo Pilar. Una vez comprobada la eficacia de su descubrimiento, la doctora colgó su bata de investigadora y se entregó de lleno a su causa. Pero, a pesar de su determinación y de la existencia de un remedio efectivo, el mal de Chagas continúa propagándose.
La pobreza y la falta de higiene son sus principales aliados. La vinchuca anida y se reproduce en las casas con paredes de grumos de barro y llenas de grietas. La pintura funciona, pero no basta. Se debe complementar con la educación. “Hay que mostrar a la gente a tener las casas limpias; a distinguir una vinchuca, que se puede considerar un transporte pasivo, de una colonia, ante la que hay que realizar un tratamiento como hacemos aquí. La ignorancia es la enfermedad mayor que tienen las zonas pobres”, afirma la doctora.
Eso y los intereses económicos: “Los laboratorios farmacéuticos no van a investigar con algo que no es rentable, porque no hay una demanda”, denuncia la doctora. "La ciencia ha de estar al servicio de los demás. Los científicos no sólo tenemos que publicar, sino denunciar lo que vemos, y movilizarnos con ellos para participar en el desarrollo”.
Pilar Mateo lamenta este genocidio consentido, que no es sino una triste paradoja. “Se ve, se sabe dónde está, pero se mira muchas veces a otro lado, o se falsean los datos porque molesta”. Comprometida con su causa hasta el final, Pilar Mateo, “la científica que se volvió indígena”, no ceja en su empeño y busca alternativas. Los beneficios obtenidos por la venta del libro que retrata su lucha contra esta enfermedad, serán destinados a la ayuda del pueblo Guaraní boliviano.
Pilar Mateo, Doctora en Ciencias Químicas por el CSIC, es hija de un fabricante de pinturas y barnices. Su actividad profesional e investigadora se inició vinculada a la empresa familiar, en la que creó un laboratorio de I+D, donde investigaba sistemas anticorrosivos e ignífugos aplicados a pinturas. La noticia del cierre de un hospital por la presencia de insectos en las paredes del quirófano marcó un punto de inflexión en su trayectoria profesional, que a partir de entonces daría un giro y se orientaría a la investigación de pinturas contra insectos en los países desarrollados. La enfermedad de Chagas (Tripanosomiasis americana) se cruzó con ella por casualidad, cuando, en 1995, un médico boliviano le pidió ayuda para combatir la dolencia que asolaba a su población. Desde entonces, combate esta patología, que afecta a entre 18 y 25 millones de personas en América Latina y provoca hasta 45.000 muertes anuales.
El mal de Chagas es una enfermedad tropical que se contrae a consecuencia de la picadura y deyección de un chinche, la vinchuca, infectado con el parásito Tripanosoma Cruzi. Una vez en la sangre, el parásito se reproduce en órganos vitales como el páncreas, el hígado y el corazón y provoca cardiopatías, embolias o infartos años más tarde. El sistema inmunitario no puede luchar contra este parásito y, a falta de vacunas, medicamentos o fumigaciones efectivos, la solución es controlar al transmisor de esta enfermedad.
Hace ya más de una década, Pilar Mateo desarrolló una pintura, Inesfly 5A Igr, que contiene un inhibidor de quitina -componente presente en el esqueleto de la vinchuca- que impide que este chinche crezca y se reproduzca. Para acabar con la enfermedad de Chagas, lo único que hay que hacer es pintar las casas afectadas con esta fórmula. Así lo hizo Pilar. Una vez comprobada la eficacia de su descubrimiento, la doctora colgó su bata de investigadora y se entregó de lleno a su causa. Pero, a pesar de su determinación y de la existencia de un remedio efectivo, el mal de Chagas continúa propagándose.
La pobreza y la falta de higiene son sus principales aliados. La vinchuca anida y se reproduce en las casas con paredes de grumos de barro y llenas de grietas. La pintura funciona, pero no basta. Se debe complementar con la educación. “Hay que mostrar a la gente a tener las casas limpias; a distinguir una vinchuca, que se puede considerar un transporte pasivo, de una colonia, ante la que hay que realizar un tratamiento como hacemos aquí. La ignorancia es la enfermedad mayor que tienen las zonas pobres”, afirma la doctora.
Eso y los intereses económicos: “Los laboratorios farmacéuticos no van a investigar con algo que no es rentable, porque no hay una demanda”, denuncia la doctora. "La ciencia ha de estar al servicio de los demás. Los científicos no sólo tenemos que publicar, sino denunciar lo que vemos, y movilizarnos con ellos para participar en el desarrollo”.
Pilar Mateo lamenta este genocidio consentido, que no es sino una triste paradoja. “Se ve, se sabe dónde está, pero se mira muchas veces a otro lado, o se falsean los datos porque molesta”. Comprometida con su causa hasta el final, Pilar Mateo, “la científica que se volvió indígena”, no ceja en su empeño y busca alternativas. Los beneficios obtenidos por la venta del libro que retrata su lucha contra esta enfermedad, serán destinados a la ayuda del pueblo Guaraní boliviano.
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